Una coalición de más de 20 organizaciones pidió al relator especial de la ONU para el Derecho al Agua y al Saneamiento, Leo Heller, que “urja” al Estado mexicano a que la concesión que otorga la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para la explotación de los acuíferos por la empresa Coca-Cola en San Cristóbal sea revisada y en su caso revocada por los “insostenibles volúmenes de extracción de 1.6 millones de litros diarios”, y por los “graves daños colaterales que ocasionan (el consumo de refrescos), como caries, diabetes, obesidad” y otros.
Representantes de las agrupaciones informaron en rueda de prensa que le pidieron recomendar también que “las concesiones otorgadas a las industrias sean transparentadas, y que su impacto social y ambiental sea evaluado” por instancias técnicas y académicas.
Las agrupaciones consideraron que Chiapas “presenta uno de los mayores índices de marginalidad y de mortalidad en niños y adultos mayores por desnutrición, infecciones gastrointestinales del país, y que estos padecimientos están especialmente determinados por la falta de acceso de la población al agua segura y confiable, la acción más importante para enfrentar la emergencia sanitaria que persiste en la entidad es la de proveer de agua segura para sus habitantes y de manera especial para las escuelas públicas y la población en situación de vulnerabilidad, particularmente indígena”.
Expresaron que en un documento entregado a Heller, durante su visita los días 9, 10 y 11 de mayo a Chiapas, le solicitaron “urgir al Estado mexicano para que las concesiones de explotación de agua en Chiapas y en el resto del país, prioricen la disponibilidad y accesibilidad de este líquido de forma suficiente, salubre y potable para satisfacer las necesidades de sus habitantes para uso personal y doméstico por encima de cualquier otro uso comercial o industrial”.
Le pidieron que “frente a la emergencia sanitaria que persiste en Chiapas, debido a los altos niveles de contaminación biológica del agua para consumo humano, se recomiende al Estado mexicano, y de manera específica al Gobierno de Chiapas, establecer un plan prioritario para dotar de agua segura, priorizando a las escuelas y a las poblaciones vulnerables que incluya un monitoreo permanente de la calidad de agua y de información sobre esta a la población”.
Asimismo que recomiende a los gobiernos Estatal y Federal que los humedales de montaña de San Cristóbal de Las Casas -de los que depende el suministro de agua de su población- sean declarados Área Natural Protegida con carácter expropiatorio.
También que de parte del relator haya “atención especial a la relación entre agua y mujeres de cara al acceso universal de esta y para los hogares, debido a las desigualdades de género en el acceso a la misma, una vez que ello es imprescindible para construir relaciones equitativas entre hombres y mujeres al vital líquido”.
Agregaron que “solicitamos de manera especial al relator recomendar al Estado mexicano la puesta en marcha de mecanismos de protección para la salvaguarda de las relaciones simbólicas de la población indígena con el agua de acuerdo a los contextos socioculturales de cada grupo étnico y su territorio, que incida en el manejo autogestivo de acceso, disponibilidad y abastecimiento del líquido por parte de la comunidad”.
De igual forma, le pidieron que recomiende que “la toma de decisiones en los espacios de participación sea un proceso de análisis, con información detallada y participación igualitaria de la sociedad civil, academia, usuarios del agua e instancias de gobierno, que permitan una construcción del conocimiento dirigida a una planeación con el enfoque de Cuencas Hidrográficas y Desarrollo Sostenible”.
Señalaron que las organizaciones que apoyaron la visita del relator “han decidido conformarse como una coalición que dé seguimiento a sus recomendaciones y a las que haga al Estado mexicano. La visita del relator y el informe final que elabore será un instrumento muy útil para que la sociedad civil de Chiapas fortalezca sus capacidades al Estado mexicano el cumplimiento de sus responsabilidades”.
La coalición está formada, entre otros, por el Colectivo de Educación para la Paz y los Derechos Humanos, el Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y la agrupación Agua y Vida: Mujeres Derechos y Ambiente Enlace, Comunicación.
