En el marco del Taller de Inducción a la Administración Pública y Transparencia dirigido a alcaldes electos, Bayardo Robles Riqué, titular de Sinfrac, explicó que las deudas reclamadas por constructores independientes fueron contraídas con administraciones pasadas, aún así, sensible a las necesidades de la población, el Gobierno estatal está buscando fuentes de financiamiento para atender la problemática.
Expuso que a todos los integrantes del sector se les ha atendido, haciendo acuerdos de revisión de pagos incluso cuando muchos constructores realizaron “extraños” pactos con funcionarios de la administración estatal pasada, y esos mismos funcionarios les quedaron mal, esto mediante una mesa de negociación con la Secretaría General de Gobierno y otras muchas en la propia Secretaría de Infraestructura y comunicaciones (Sinfrac).
Esos acuerdos y atención conjunta han permitido firmar convenios con el sector formal del gremio constructor y juntos esperar la llegada de fondos federales que permitan una nueva asignación de obra pública en el estado.
“Estamos esperando la llegada de recursos federales a través de Fonregión, Fise, Fondo Metropolitano, entre otros y entonces poder asignar nuevas obras además de atender acuerdos para subsanar deudas atrasadas”.
Esta información la conoce tanto el grueso de constructores en el estado, como el minúsculo grupo de manifestantes que piden atención y una obra por cada uno. Entonces, si tienen acceso a la información, si sus adeudos están fincados con administraciones pasadas, si existen acuerdos para atenderlos, es evidente que su manifestación tiene otros intereses, dijo.
Dijo que la deuda validada de la administración pasada suma unos 250 millones de pesos, sumada a ella el rescate de acciones municipales de Tapachula; destaca que ninguna de ellas es deuda adquirida por la actual administración del Gobierno del estado.
