En relación al conflicto en Mazatán por la presunta falta de regulación en un sistema de fumigación, el investigador Humberto Ramírez explicó que estas acciones son observadas por la Cofepris a través de la Norma Oficial Mexicana 256, por lo que es responsabilidad de esta dependencia federal vigilar el cumplimiento de la normatividad.
Abundó el egresado de Gestión Integral de Plagas, que en Mazatán existen diversos espacios aéreos que están siendo fumigados, en muchos casos con denuncias similares donde los actores no presentan la licencia de fumigación, un acto de riesgo para la población civil, animal, tanto como a los productos cosechados en estas condiciones.
La omisión de este acto por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) podría, además de generar inconformidad entre la población, representar una falta a la propia normatividad, pues es su responsabilidad regular y validar que cualquier químico de regulación sea inocuo para la población civil.
Supervisa Dipris
En Chiapas, estas acciones también son supervisadas por la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (Dipris), entidad que certifica y supervisa a las empresas que realizan este servicio.
Al respecto, la dependencia de manera institucional señaló que en este caso como en otros similares se tiene un trabajo conjunto con la Cofepris, para vigilar el cumplimiento de la normatividad.
Lineamientos
El experto Humberto Ramírez explicó que la norma señala que, los controladores de plagas en zonas urbanas que usen plaguicidas requieren de licencia sanitaria y la aplicación de plaguicidas se realiza cuando no existe ninguna otra forma para controlar las plagas, estableciendo lineamientos para la protección de la población.
Por ello, llamó a que los productores presenten públicamente sus permisos y con esto se podrá resolver el conflicto, acordando nuevas acciones comunitarias preventivas, y así evitar que se apliquen plaguicidas en horarios hábiles, reducir la toxicidad, utilizar señaléctica.
Finalmente recordó, que, de acuerdo con los artículos 194 y 198 de la Ley General de Salud, la aplicación de plaguicidas requiere del control sanitario y licencia por parte de la Secretaría de Salud.
