Hace unos días, la presidenta municipal de San Cristóbal de Las Casas, Fabiola Ricci Diestel, publicó un boletín en el que celebraba un acuerdo con la comunidad de Molino de los Arcos, con el que señaló se permitiría la vigilancia conjunta de la reserva Quenvo-Cuxtitali. Ante esto, colonos expresaron el desacuerdo con que la edil busque “aplausos”, cuando se está cumpliendo una sentencia federal impulsada por la comunidad y no por políticos.
Antecedentes
En un comunicado, el órgano informativo del barrio de Cuxtitali señaló que desde el 2025, ante la situación de inseguridad que se vive en San Cristóbal, varios representantes de la zona Nororiente solicitaron audiencia con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien escuchó de forma directa las problemáticas.
Ante él expusieron las medidas urgentes, como restablecer la seguridad, recuperar las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y frenar la impunidad ambiental. Del diálogo con el gobierno estatal derivaron múltiples mesas de trabajo en la que se informó de la omisión de la presidenta de San Cristóbal frente a esos conflictos.
La instrucción del gobernador, señala el comunicado, fue la entrega de nombramientos a agentes y comisariados legalmente reconocidos, así como la recuperación de las Áreas Naturales Protegidas, como lo es la reserva ecológica Quenvo-Cuxtitali, decretada en 2014 por el gobierno estatal.
Dicha reserva, señalan, ha sido utilizada por actores políticos y exalcaldes, quienes intentaron revocar el decreto estatal con el fin de obtener beneficios electorales. Ante ello, las anteriores representaciones promovieron un amparo indirecto en 2019 con una resolución definitiva a favor el 19 de mayo de 2024.
Por lo mismo, indica el comunicado, la presidencia municipal no tiene que “lograr” o “negociar” acuerdos, sino ejecutar dicha sentencia federal, lo que “no es un acto político digno de aplausos, sino una obligación constitucional y legal ineludible”.
