Fraude por parte de vendedores de lotes, quienes haciéndose pasar por legítimos dueños venden los terrenos, para después “quitar y poner en posesión a quien mejor les plazca”, es la denuncia que externaron vecinos de la colonia Mirador 3 de Mayo, ubicada en el lado norte-oriente de Tuxtla Gutiérrez. Demandan la intervención de las autoridades, pues ya suman 136 familias afectadas.
Señalaron a Josefa de Jesús Hernández Magdaleno y a Pascuala García como las principales estafadoras, quienes —según dicen— durante 14 años y bajo engaños han lucrado con la pobreza de las personas que desean tener un terreno.
En el Parque Central, los manifestantes expusieron que se trata de un predio irregular “en miras de ser regularizado por la Federación”, además sostienen que aunque estos ya estén ocupados, pagados y pactados, se han presentado casos de desalojos arbitrarios.
“Esto no les da ningún derecho de vulnerar los derechos de otros, cometiendo actos contra las personas que están habitando actualmente y sobre otras que antes los habitaron para vivienda, sufriendo vejaciones, humillaciones, amenazas, despojos, agresiones físicas… y que muchos de ellos son hechos constitutivos de delitos”, declaró una de las denunciantes.
Señalan cobro de servicios
Subrayaron otros abusos y engaños como el cobro de servicios, puesto que “estos ni siquiera son regulares, y a veces inexistentes”, o el más reciente caso del “cobro de una supuesta escrituración pública por cada lote de terreno”, el cual “nunca llegó”, alegando que actualmente “están revendiendo los lotes”.
“Si se mostraba un solo incumplimiento o inconformidad, era motivo para ser expulsados del asentamiento, es así como se ha mantenido por largos años como administradora de los bienes de la colonia”, sostuvieron.
Exponen denuncias que se han puesto ante diversas autoridades como la Fiscalía General del Estado y de la República (FGE-gGR), a los actuales propietarios, así como a la Comisión Nacional de Aéreas Naturales Protegidas (Conanp) del Parque Nacional Cañón del Sumidero, sin embargo la respuesta ha sido nula.
Después de responsabilizar ante posibles violaciones a derechos humanos por parte de Josefa y Pascuala, los afectados solicitaron una audiencia con las autoridades municipales y estatales.