Candy Gutiérrez Zenteno, defensora de derechos humanos y representante legal de los vecinos del Fraccionamiento Real del Bosque en Tuxtla Gutiérrez, consideró que es imprescindible que las autoridades capitalinas garanticen el derecho humano al agua.
Gutiérrez Zenteno recordó que la problemática que afronta el Fraccionamiento es la falta de acceso al agua potable, debido a que la empresa constructora OMEX, no concluyó dicha obra de conexión lo que dejó a más de ocho mil habitantes sin el vital líquido y con la vulneración a su derecho vital al agua.
La abogada comentó que pese a que la administración actual no tuvo incidencia en la construcción del fraccionamiento hace más de una década, es vital que investigue sobre estos hechos de corrupción.
Hasta el momento, la representante agregó que se mantiene la sentencia de 2017 en la que un juez ordenó al Ayuntamiento ejercer acciones para atender dicha exigencia.
Después de dos años, el Ayuntamiento logró un convenio con la empresa constructora del fraccionamiento vecino “Valle Verde”, en la cual ellos se encargarán de realizar la conexión, mientras ellos les darán la toma.
“Esa misma tubería se va a extender a Real del Bosque, están trabajando en eso, la obra ya va avanzada y por eso el juez se justifica al decir que se está cumpliendo la obra. Sin embargo, ellos no terminarán el tramo que faltó, sino que realizarán uno nuevo”, comentó.
La abogada explicó que a la obra inconclusa de OMEX sólo le falta kilómetro y medio para terminar la conexión de agua, no obstante, la constructora de Valle Verde hace un trayecto distinto que se estima sea de seis kilómetros.
“Ellos argumentaron que no iban a continuar con la otra conexión, ya que existían terrenos que no los iban a poder intervenir. Por lo que escogieron una ruta en la que si pueden perforar. Sin embargo, lo que están queriendo hacer es meter esta tubería para que en años futuros ellos se vean beneficiados con la construcción de más fraccionamientos”.
La representante sostuvo que en una reunión que tuvieron en agosto, la obra tenía que estar lista en octubre o noviembre de este año.
“Nos dijeron que si se retrasarían no sería por mucho, ya que se excusan que el material lo traen de fuera y se les acaba, pero este año tendría que quedar. Por lo que solicitaremos un nuevo recorrido para ver los avances”, comentó.
Sobre el tema existen varios pendientes por la recomendación emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), una de ellas fue una disculpa pública, campañas para determinar las afectaciones a la salud, pero la abogada dijo que no se les ha dado seguimiento para cumplimentarlas.
“El problema tiene más de 10 años, lo tomé en 2015, ya llevamos cuatro años, una sentencia a favor y una recomendación. Si bien ya le dan a un grupo de 30 personas agua en pipa, son mínimas afrontadas a las siete mil que no lo tienen”.
Gutiérrez Zenteno comentó que en caso de que no sea cumplida la sentencia buscarán ejercer presión para que la obra finalice lo más pronto posible o se tenga un proyecto alterno.
