Las instituciones que practican la tortura buscan una justificación punitivista de la “mano dura”, que lamentablemente persiste en muchos países. Este fenómeno representa una violación internacional a los derechos humanos.
Netzaí Sandoval Ballesteros, titular del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), comentó que la tortura es una herramienta irracional y que degrada a los Estados que la ejercen. No hay justificaciones razonables para estas prácticas.
Lo anterior durante su participación en la presentación del libro “Un puesto de lucha. Los derechos humanos en evolución” (FCE, 2022), de Juan Méndez, en autoría con Marjory Wentworth.
Refirió que el libro es muy importante porque nos habla del activista, el académico, el relator de la ONU. “En un contexto de violencia generalizada, advertimos que en México se torturaba, y las autoridades nos amenazaron, nos acusaron de mentir”.
Antecedente
Indicó que en 2011 presentaron una denuncia a nivel internacional por crímenes de guerra y contra la humanidad. Años después vino Juan Méndez, relator de la ONU, quien fue enfático al señalar que en México la tortura era una actividad sistemática y que esta práctica debía eliminarse.
En esos años no aceptaron ese contundente informe de Naciones Unidas, el cual, para 2014, puso en apuros a Méndez, quien asumió la responsabilidad del contenido que ya se había escrito con anterioridad, por parte de organizaciones civiles y defensores de los derechos humanos.
Señalaron una tortura generalizada y pusieron en el tapete una discusión que México necesitaba. Por otro lado, “la posibilidad de continuar dialogando con México ha permitido que ese informe siga vigente”, manifestó el autor.
Espera que con este libro se descubra que existen otros puestos de lucha más riesgosos; va dirigido a los miembros del movimiento internacional de los derechos humanos para que puedan emular experiencias de otros lugares.
La Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del IFDP, es un área que comenzó a operar en junio de 2019, bajo la misión de dirigir todas las estrategias institucionales para combatir los casos de tortura cometidos en perjuicio de las personas representadas por defensores públicos.
En el informe anual 2020-2021, se registraron 7 mil 779 posibles casos de tortura o malos tratos, y de estos se presentaron 2 mil 271 denuncias formales porque varios de los casos ya se habían atendido o estaban en proceso de atención.
