Carlos Daniel Conde Ramírez, abogado litigante, consideró que la Comisión de Atención de Víctimas en Chiapas ha sido inoperante desde su creación, lo que deja en indefensión a las víctimas de los casos de violencia que se han presentado recientemente en diferentes regiones de la entidad.
Expuso que actualmente las y los desplazados de Aldama, Chilón, Oxchuc, Chenalhó, Chalchihuitán, Pantelhó, Ocosingo, Carranza, San Cristóbal, El Bosque, Zinacantán y Huixtán, además de las víctimas de la masacre de Acteal, y las y los familiares de las personas asesinadas en los enfrentamientos por una disputa territorial en Aldama, están en la indefensión.
Al igual que los deudos de las víctimas de feminicidio y demás crímenes que se han registrado en la entidad, “esto es parte de la falta del funcionamiento de la Comisión de Atención de Víctimas en el estado”.
Conde Ramírez, abogado litigante, precisó que esta Comisión debería de haber iniciado sus trabajos desde 2016, cuando se publicó en el Diario Oficial.
“Sin embargo, tuvo que recurrir a un amparo en ese mismo año, debido a que el gobierno de Manuel Velasco no había instalado la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas”, detalló.
Puntualizó que esta situación es tan crítica que no existe un padrón del número de víctimas de cualquier tipo de crímenes -cometidos por particulares o el estado- registrados en Chiapas, y que deberían de recibir por ley, atención integral, disculpas públicas y la reparación del daño.
El abogado explicó: “No ha tenido las sesiones que por ley debería tener, en los periodos en que las tiene que tener, y esto hace que también haya una falta de coordinación de todas las instituciones que tienen que intervenir para impartir las reparaciones del daño”.
Palabras más, palabras menos, la dependencia encargada de atender a las víctimas de violencia es un elefante blanco, lo que deja en completa vulnerabilidad a este sector.