No obstante que a estas alturas hay un consenso en cuanto a la sorprendente fata de responsabilidad de la anterior administración estatal en el manejo de las finanzas de Chiapas, cuando todavía estaba en el poder no faltaban voces que atacaban a quienes en los medios de comunicación hacían énfasis en el riesgo de toda esa carga nunca antes impuesta en la espalda de esta entidad. Los hubo en los mismos medios o en el Legislativo, sin embargo ahora que se ha asentado el polvo y se ha sabido que quienes estuvieron en el gobierno dejaron vacías las arcas, ya no hay defensores del endeudamiento; por el contrario, el Congreso estatal ha respaldado la creacion de una Comisión de la Verdad, igual que cuando ocurre un evento extremadamente grave, para determinar dónde fueron a parar los cientos de millones que desaparecieron en la última bacanal.
Es un hecho que en los últimos días de la pasada administración hubo varios intentos de sacar miles de millones mediante préstamos, el primero de los cuales fracasó, no obstante, más de 3 mil 500 millones de pesos fueron finalmente obtenidos con la venia del Congreso. Se justificaba que ese dinero serviría para la transición y también para la liquidación de las cuentas del gobierno que llegaba a su fin, pero como se vio después, no fue así, porque acreedores, proveedores y gasto corriente quedaron colgados de la brocha. En ese momento, al autorizarse este último crédito, se escucharon críticas en el Legislativo, pocas pero hubo, a ese aval que se regalaba sin más al nuevo endeudamiento que finalmente se concretó, y si no siguieron prestando los que ya se fueron fue sólo gracias a que se les acabó el tiempo.
Existe el planteamiento de que no se debió haber hecho ese último empréstito. La negativa era una medida drástica porque implicaba apostarle a la declaratoria de insolvencia en el anterior gobierno, y no se hubieran podido pagar ni los sueldos de miles de trabajadores. Sin duda que hubiese sido una determinación radical, pero a la distancia vemos que era la medida que debió haberse adoptado.
De esa manera el gobierno anterior habría enfrentado por sí mismo las consecuencias de sus acciones irresponsables. Cualquier problema por grave que hubiera sido habría tenido que ser encarado por ese gobierno pasado. Pero qué sucendió. Los miles de millones les fueron entregados y los desaparecieron sin haber pagado sus deudas, heredando una virtual quiebra al presente gobierno, una situación nunca antes vista en la historia reciente de Chiapas. Es decir, estamos ante una conducta anormal e incomprensible. No se puede entender tanto desprecio por el deber ser.
En este calamitoso escenario, la propuesta del Legislativo es apenas elemental, lo mínimo a que están obligados los miembros de este Poder. La Comisión de la Verdad deberá investigar hasta sus últimas consecuencias ese endeudamiento de más de 20 mil millones de pesos dejado por la administración pasada al actual gobierno de Manuel Velasco Coello, así como el déficit calculado en otros 20 mil millones.
La Coordinación del Partido de la Revolución Democrática en el Legislativo ha expuesto la necesidad de que el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del estado, la Secretaría de la Función Pública, de Hacienda y Contraloría estatal informen de inmediato sobre el estado de la Cuenta Pública del período 2007-2012. Es éste tal vez el inicio de la justicia.
