En México existe una Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos que está integrada por las comisiones, procuradurías y consejos de derechos humanos del país como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Lo anterior sugiere que entre el organismo nacional y sus similares en los estados existiría una especie de coordinación, por ello se deduciría que lo que estuviera sucediendo en una entidad sería del conocimiento del organismo central, sin embargo en los hechos esto parece que en el pasado no fue así. Se ignora si es así en la actualidad.
En los peores años del gobierno de Pablo Salazar, el entonces presidente del organismo nacional, el inextricable José Luis Soberanes, no sólo parecía no ver ni oír las violaciones a los derechos humanos incluso en agravio de quienes estaban comisionados a su defensa en los estados, sino que todavía se permitía sentarse a la mesa con los entonces fiscal y gobernador para firmar toda clase de documentos en los que hacía constar que Chiapas lideraba la defensa de todas las garantías individuales habidas y por haber.
No obstante, ahora la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos llama a todos los niveles de gobierno para crear un frente común coordinado en la prevención del delito, que evite la proliferación de la violencia y garantice de manera efectiva los derechos de las víctimas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha expresado que ante las actuales circunstancias en las que se halla México, busca a que se establezca un clima de seguridad y tranquilidad que genere un ambiente para el progreso y desarrollo de la nación.
En la denominada Declaración de Guanajuato, resultado de su XXXIV Congreso Nacional Ordinario celebrado en esa entidad, los comisionados han manifestado la necesidad de contribuir al fortalecimiento de las instituciones públicas.
De igual forma instan a sumar esfuerzos para garantizar a la sociedad un bienestar común sobre la base del respeto a los derechos humanos. Dicho organismo sostiene que el compromiso de las comisiones de defensa de derechos humanos es trabajar en la tarea de promover y defender las garantías fundamentales.
Además estas instituciones coinciden en que la reforma constitucional promulgada el pasado 10 de junio es la mejor herramienta para lograr cambios en favor de la sociedad, por lo que llaman a los Congresos locales a que lleven a cabo reformas legales que armonicen las legislaciones con el contenido de la Constitución en esa materia.
