Desde su ingreso como directora de la preparatoria estatal “Alberto C. Culebro”, Ninfa Sosa Merchant recibió un cheque de caja, un aviso bancario y un documento firmado por ambas partes con la totalidad de los recursos que en ese momento existían en la cuenta oficial de la institución, por lo que a la fecha docentes y padres de familia afirman que nadie sabe en qué se utilizaron los recursos.
Los inconformes informaron que cuentan con copia de un cheque de caja, del comprobante bancario de la operación y del documento de entrega mediante los cuales quedó registrado que 251 mil 328 pesos con 50 centavos, correspondientes al saldo de la cuenta institucional, los cuales fueron retirados mediante un cheque de caja expedido a nombre de la directora Ninfa Sosa Merchant.
Transacción
La operación quedó respaldada además mediante una carta manuscrita fechada ese mismo día en Tapachula, donde se hace constar la cancelación de la cuenta bancaria, la expedición del cheque “por concepto de traspaso” y la entrega de un año de estados de cuenta, documento firmado por el director saliente con entrega y por Sosa Merchant.
La inconformidad actual de docentes, personal administrativo y padres de familia, a menos de un año de aquella operación, es que no se ha dado un informe público que detalle el destino de esos 251 mil pesos, ya que no hubo obras ya que situaciones urgentes como los baños siguen deteriorados.
A ello se suma que las familias que se sostienen con los locales que anteriormente formaban parte de la cooperativa escolar, fueron despedidas porque en la actualidad esos espacios son rentados a particulares, cuyos pagos presuntamente se realizan a una cuenta personal de la directora, sin que exista información financiera presentada a la comunidad educativa.
Señalan a su vez acoso escolar y laboral, generándose un ambiente de hostigamiento contra quienes cuestionan el manejo administrativo, así como la creciente opacidad en torno a los ingresos y egresos de recursos a la institución.
Con la documentación en su poder, docentes y padres de familia exigen que las autoridades educativas y los órganos de fiscalización practiquen una auditoría integral para esclarecer el destino de los recursos administrados por la dirección del plantel y determinar si el manejo del dinero público se realizó conforme a la normatividad aplicable.
