A 20 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés, que el Gobierno no cumplió, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) no solo ha consolidado en cientos de comunidades indígenas la aplicación de la autonomía (uno de los pilares de los tratados) y el autogobierno, sino que su práctica se ha extendido a localidades, grupos y organizaciones simpatizantes dentro y fuera de Chiapas.
Según el EZLN, los zapatistas tal vez no tengan casas de cemento, televisores digitales, ni camiones último modelo, pero “no solo están mejor que hace 22 años, sino que su nivel de vida es superior al de quienes se han vendido a los partidos políticos de todos los colores”.
Durante un mensaje con motivo del 22 aniversario “del inicio de la guerra contra el olvido”, leído por el subcomandante Moisés en Oventic la noche del 31 de diciembre pasado, agregó que “lo que se pone en su mesa, la ropa que visten, la medicina que los alivia, el saber que se aprende, la vida que transcurre es suya, producto de su trabajo y de su saber. No es regalo de nadie”.
Los acuerdos fueron firmados el 16 de febrero de 1996 en la cabecera del municipio de San Andrés Larráinzar (municipio autónomo de San Andrés Sacamchén de los Pobres), situado a unos 26 kilómetros de San Cristóbal, después de muchas reuniones entre los representantes del Gobierno Federal encabezados por Marco Antonio Bernal y la comandancia rebelde, durante diez meses.
El 25 de abril de 2001, ya con el panista Vicente Fox en la Presidencia de la República –quien en campaña había declarado que en 15 minutos solucionaba el conflicto en Chiapas–, todos los partidos políticos representados en el Senado de la República aprobaron la reforma indígena que incorporó solo parte de los acuerdos, dejando fuera aspectos fundamentales.
Por ejemplo, en lugar de reconocer a las comunidades como “entidades de derecho público”, éstas pasaron a ser de “interés público”. También se cambió la frase “uso y disfrute de los recursos naturales” por la de “uso preferente”; “autonomía” y “territorio”, fueron los dos conceptos clave que no aprobaron los senadores.
El 28 de abril, la Cámara de Diputados consumó la aprobación de la Ley sobre Derechos y Cultura Indígenas. Dos días después, el grupo rebelde rechazó las reformas porque “no responden en absoluto a las demandas de los pueblos indios de México, del Congreso Nacional Indígena, del EZLN ni de la sociedad civil nacional e internacional”.
Las “contrarreformas”, como las llamó el EZLN, fueron avaladas en septiembre de 2002 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró improcedentes las más de 300 controversias constitucionales interpuestas por municipios de 10 estados con población indígena en contra del procedimiento utilizado para aprobar las modificaciones propuestas en agosto de 2001.
Ante ello, el EZLN puso en práctica unilateralmente los acuerdos a partir de 2003 mediante la creación de las llamadas Juntas de Buen Gobierno.
Así fue creciendo en los más de 40 municipios autónomos (algunos asentados en tierras “recuperadas”), el número de escuelas con su propio sistema educativo, clínicas, cooperativas con diversos productos, tiendas y la producción agrícola y de ganado, por ejemplo.
“Entendimos que era necesario construir nuestra vida nosotros mismos, con autonomía y en medio de las grandes amenazas, de los hostigamientos militares y paramilitares, y las constantes provocaciones del mal gobierno, empezamos a formar nuestro propio sistema de gobernar, con nuestra propia educación, salud, comunicación, nuestra forma de cuidar y trabajar a nuestra madre tierra; nuestra propia política e ideología de vida, con otra cultura”, aseveró Moisés el 31 de diciembre.
Durante la cuarta jornada de actividades de la Escuelita, en la cual se impartió el curso de La Libertad según los zapatistas, en agosto de 2013 en San Cristóbal, autoridades autónomas afirmaron que en su sistema “no se vende la justicia y quien comete un delito, lo paga con trabajos colectivos y repara el daño”.
El subcomandante Moisés dijo en esa ocasión, que como parte del proceso de autonomía, los zapatistas crearon también el Banco Autónomo Comunitario, que es utilizado para atender problemas de salud y comercio”.
Explicó: “Hay varias formas de hacer fondos. El acuerdo es que cada base de apoyo debe de dar un peso cada mes. Son 12 pesos al año. Otros (recursos) son donativos de compañeros solidarios, de los cuales una parte se va al fondo del Banco y otra al trabajo colectivo de las zonas”.
Como ejemplo, dijo que si alguno pide prestados 10 mil pesos en el Banco para que se le brinde atención médica a un familiar enfermo, paga el 2 por ciento de interés en caso de que se cure, pero si muere ya no paga nada. “Ese es el acuerdo en la zona porque así como se perdió la vida, también se perdió el dinero”.
Opinó que “a 20 años, podemos decir que es una ley de las más vigentes que se siguen construyendo y se está aplicando aunque no haya sido reconocida oficialmente. Han construido radios comunitarios, sus medios alternativos, libres o como se llamen; han creado sus procesos artísticos, a través de telares, formas de gobierno y han fortalecido sus procesos a partir de la inspiración de los acuerdos”.
En entrevista, sostuvo que ejemplos de cómo la práctica de la autonomía se ha extendido, están en la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas (a la que pertenecían los 45 indígenas asesinados en Acteal el 22 de diciembre de 1997), las comunidades de Xochicuautla (estado de México); Santa María Ostula (Michoacán), los ejidos San Sebastián Bachajón y Tila, así como la comunidad de Las Brisas y Vicente Guerrero (Chiapas), entre otros.