Agentes municipales de 115 comunidades del municipio de Oxchuc exigieron que se establezca el orden y se aplique el Estado de Derecho para lograr la paz y la tranquilidad de ese municipio, al tiempo de reconocer la intervención del Gobierno del estado manifestando la fortaleza de las instituciones.
En rueda de prensa en San Cristóbal de Las Casas, los voceros de 115 comunidades señalaron que el conflicto está ubicado exclusivamente en la cabecera municipal, donde un grupo antagonistas, minoritario y plenamente identificado afecta la paz social de las mayorías.
Dijeron que, salvo la cabecera municipal, todos los pobladores de Oxchuc realizan su vida cotidiana con normalidad y aprovecharon para hacer público su respaldo a la presidenta municipal María Gloria Sánchez Gómez, la presidenta municipal electa en un proceso democrático que unos cuantos intentan “tirar” con acciones de violencia.
En la lectura de su posicionamiento explicaron que como representantes de las 115 comunidades del municipio de Oxchuc, consideraron que sus derechos han sido agraviados, atacados y sus garantías violentadas, además que su seguridad ha estado en riesgo, como consecuencia de la actuación de un grupo de delincuentes que se disfrazan de pacifistas y que buscan satisfacer sus intereses personales y económicos.
Dijeron respaldar las acciones de las autoridades y “ahora que la Procuraduría General de Justicia del estado ha determinado actuar y aplicar la Ley en contra del grupo de personas que han violentado la paz y la tranquilidad de nuestra cabecera municipal; exigimos que se sancione conforme Derecho y no se siga violando más los derechos humanos de los que habitan la cabecera municipal y se propicie el libre tránsito en esta carretera federal”.
Denunciaron que el grupo que se hace llamar pacifista de Oxchuc, son asesorados por personas extrañas y ajenas al municipio, quienes utilizando como pretexto una inconformidad política enfrentan a nuestros hermanos indígenas.
Dijeron que los referidos han utilizado diferentes medios de presión para hostigar y torturar física y psicológica a los habitantes de la cabecera municipal como son: expulsión de su comunidad, corte de la energía eléctrica, agua potable, no permiten que los maestros den clases, multas excesivas por día, además de amenazas y secuestros.
