En 1994, el ano 2008 se veía muy lejos. Los negociadores del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica calcularon que para estas fechas el campo mexicano estaría más que blindado contra la competencia internacional. Sin embargo, las fechas fatales para la apertura se cumplen y nosotros no sólo no estamos preparados para ella, sino que también tenemos dudas de que nuestros socios jueguen limpio y en verdad ya no subsidien a sus agricultores. Maíz, frijol, azúcar y leche en polvo que entren a México dejarán de pagar arancel. La apertura no se dará de golpe; de hecho, ya se ha avanzado en ella, sin que los beneficios sociales del acuerdo sean evidentes. Lo que sucederá el 1 de enero próximo es el levantamiento de los últimos porcentajes arancelarios que quedan, lo que impactará los precios y empujará a ciertos niveles de escasez en dichos productos.
No se auguran buenos tiempos para el campo mexicano. Habrá que trabajar en el control de danos y en los ajustes económicos y comerciales que deberemos hacer en el país para que lo que se planeó como el gran ingreso del agro nacional a las grandes ligas mundiales de la producción no se convierta en el inicio de una pesadilla social y política. México ha sido muy cumplidor en materia de apertura comercial. Acaso con mayor docilidad que Canadá y Estados Unidos, que no han dudado en subsidiar y proteger a sus empresas e industrias cuando se ven amenazadas desde el exterior. Si en 1994 la competencia agropecuaria en la región era desigual, ahora los porcentajes de subsidios estadounidenses a sus connacionales nos dejan totalmente en la indefensión.
No es previsible que Estados Unidos deje de proteger a su agro, menos en el ano electoral que se avecina, por lo que México tendrá que echar mano de todos los instrumentos legales que ampara el TLC para que nosotros no entremos con mayor desventaja de la que ya tenemos. No podemos ser ingenuos y solapar la asimetría en aras de una ortodoxia económica que ni siquiera los vecinos del norte respetan. No sólo está en juego un ejercicio comercial multinacional, sino la vida de millones de compatriotas que viven del campo, a los que no se preparó ni apoyó para este momento; a los que no se dieron los incentivos suficientes para producir de manera intensiva y con alta tecnología de riego y maquinaria.
Un caso paradigmático -y dramático- es el de los productores de maíz de Topilejo, en el sur del Distrito Federal, que prefieren vender cada elote a la vera de la carretera por 10 pesos, que obtener 30 centavos por cada uno si se comercializa a precio de mercado. Y es sólo un ejemplo de los que está poblado el país. Los municipios de mayores conflictos sociales y políticos en el país coinciden con ser los productores de maíz y cana de azúcar. zCómo se va a desactivar esa bomba de tiempo? Ciertamente no por la fuerza pública, sino con medidas de orden económico, porque aumentar el empobrecimiento del campo mexicano sería tanto como encaminarnos al suicidio social. El replanteamiento de nuestra política agropecuaria es inevitable. No podemos llegar a 2008 cerrando los ojos y suponiendo que no va a pasar nada, como lo planteara la semana pasada ante los diputados el secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas, para quien la entrada en vigor del TLC en el campo no implica mayor riesgo.
El país no necesita más focos rojos en su agenda política. Necesitamos saber, urgentemente, cuál será la estrategia gubernamental para que la apertura no devaste al campo y sí, en cambio, sirva para su propósito inicial, que era modernizar y fortalecer a nuestros campesinos. El tiempo, como siempre, ya nos atropelló. (El Universal)
