Actualmente en México más de cuatro millones de niños, niñas y adolescentes no asisten a la escuela, mientras que 600 mil más se encuentra en riesgo inminente de dejarla por diversos factores, tales como la falta de recursos, la lejanía de las escuelas, la falta de infraestructura, de capacitación de los docentes, la oferta educativa deficiente, entre otros.
Chiapas no es ajeno a la problemática educativa, ya que se encuentra entre los últimos lugares de aprovechamiento escolar y entre los primeros en abandono escolar en educación básica y media superior.
La población indígena es la que tiene el mayor riesgo de no ir a la escuela, no concluir la educación básica obligatoria o no lograr los niveles de aprendizaje esperados. La falta de acceso y el alto grado de marginación de muchas comunidades indígenas y de sus escuelas son las principales causas.
Más del 90 por ciento de las escuelas indígenas de educación básica se encuentran ubicadas en localidades con altos grados de marginación.
Lo anterior se plantea en la exposición de motivos de la iniciativa de Ley de Educación del Estado, enviada por el Ejecutivo estatal al Congreso Local, con la que busca ratificar el Acuerdo Educativo Nacional a través de la armonización de la Ley de Educación del Estado a las disposiciones contenidas en la Ley General de Educación.
La finalidad principal es la de crear un Sistema Educativo Estatal que planee e implemente acciones para combatir las desigualdades educativas, socioeconómicas, regionales, de capacidad y género.
Menciona que la situación de la educación indígena en Chiapas merece redoblar esfuerzos por parte de las autoridades educativas, principalmente en donde hay más riesgo de que los estudiantes abandonen la escuela o tienen bajo aprovechamiento.
Por otro lado, argumenta que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad también sufren rezagos y exclusión. Por lo general son ubicados en clases o escuelas distintas a las que asiste el resto de su grupo de edad, o se les niega el acceso. Uno de cada cuatro niños entre seis y 11 años con alguna discapacidad no asiste a la escuela.
El objetivo del Gobierno Estatal es lograr que todos los menores accedan a educación de calidad, permanezcan en ella y la concluyan con los aprendizajes esperados para su edad y nivel educativo, especialmente los más vulnerables a través de estrategias encaminadas a lograr la impartición de clases en lenguas indígenas y en español.
Asimismo, por medio de programas de enseñanza en lenguas indígenas en colaboración con la Secretaría de Educación Pública, la capacitación de autoridades escolares en sistema de alerta temprana para detectar estudiantes en riesgo de abandonar la escuela, de maestros en temas relacionados a la perspectiva de género, interculturalidad, prevención de violencia y embarazos adolescentes.
Refiere que el presidente de la república impulsó el decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de México en materia educativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 15 de mayo de 2019, otorgando a las legislaturas de los estados un plazo razonable para la armonización de las constituciones locales.
Dichas reformas tuvieron como resultado el Acuerdo Educativo Nacional derivado de una consulta realizada a profesores, directivos, sociedad civil y alumnos durante los últimos meses de 2018. En este se reconoce algunas de las dificultades administrativas que deben enfrentar los maestros en el desempeño de su trabajo.
Como consecuencia de la reforma, con fecha 30 de septiembre de 2019, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de Educación, como principal instrumento de ejecución de las políticas públicas impulsadas por el gobierno mexicano en materia educativa.
La nueva legislación garantiza principalmente el derecho a la educación, partiendo de su reconocimiento constitucional, sentando las bases para la “Nueva Escuela Mexicana”, que entre otros puntos establece un proyecto educativo que conciba a la educación como un derecho y medio para alcanzar el bienestar de las personas.
Además, convierte a las niñas, niños y adolescentes como elemento importante del proceso de aprendizaje y el interés primordial del Sistema Educativo Nacional; recupera la rectoría del Estado en la educación; y reconoce a la educación indígena para garantizar el ejercicio de los derechos humanos, culturales y lingüísticos.