Aunque el síndico municipal de San Cristóbal de Las Casas, Miguel Ángel de Los Santos Cruz, formalizó la solicitud para retirar la concesión que tiene una empresa refresquera en ese municipio para la explotación de agua, bajo el argumento del daño que se genera a la salud con el consumo de embotellados, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) afirmó que no se revocará ningún título de concesión, debido a que no existe justificación para tal efecto.
El funcionario municipal dentro de la queja enviada a los representantes de la Conagua, expresó que la ciudad carece del suministro suficiente del vital líquido (situación que también ha sido denunciada por otras organizaciones sociales); según datos de la sociedad civil, la extracción que se realiza por parte de Inmuebles del Golfo, S. de R.L. de C.V. (razón social utilizada en la entidad), es superior a un millón de litros diarios de agua.
En tanto, la Conagua también emitió una postura señalando que a través de la revisión hecha por parte del Organismo de la Cuenca Frontera Sur, la concesión que tiene dicha organización es de 419 mil 774.30 metros cúbicos de aguas nacionales anuales a través de dos pozos.
Lejos de quitar algún título a Inmuebles del Golfo, S. de R.L. de C.V., la Conagua asegura que en „el caso del acuífero San Cristóbal de las Casas, se encuentra en condición geohidrológica de subexplotación y con disponibilidad de agua para otorgar nuevas concesiones“.
En un pronunciamiento emitido este 5 de mayo, la dependencia federal asegura que, con base en los estudios que hicieron hasta el 2 de abril de este año, el manto acuífero de San Cristóbal de Las Casas no presenta ninguna variación que sea significativa o de riesgo, existe una disponibilidad (promedio) cada año de 33.908 millones de metros cúbicos de agua, es decir, se encuentra en equilibrio hidrodinámico y sus niveles de agua subterránea se mantienen estables.
„Los dos pozos con los que cuenta Inmuebles del Golfo extraen agua a profundidades de 130 y 200 metros, por lo que no se afecta la fuente de abastecimiento urbano que ocupa el organismo operador de agua en San Cristóbal de Las Casas, dado que este se realiza con aguas superficiales provenientes de manantiales y pozos someros“, remarcó la Conagua.
Sin embargo, el síndico municipal dijo que “la cancelación de la concesión se solicita a fin de dar prioridad a las necesidades de la población sancristóbalense sobre el uso comercial e industrial, en virtud de que nuestro municipio sufre de escasez de agua. Con independencia de que no existan datos actualizados y precisos sobre el aprovechamiento que del vital líquido realiza la empresa; sí tenemos precisión de la carencia de agua en el municipio, puesto que cada vez son más los barrios y colonias que no disponen de agua“, remarcó el funcionario municipal.
Pero la Conagua (bajo los puntos antes mencionados) remarcó que en el municipio „no existen elementos que permitan, de acuerdo con lo que se establece en el artículo 29 Bis 4 de la Ley de Aguas Nacionales, revocar legalmente los títulos de concesión que se refieren“.
Nicolás Gómez Velasco, representante de la Red Ciudadana en Defensa de la Vida y de la Madre Tierra del Valle de Jovel, dijo que la empresa dedicada a la producción y venta de bebidas gaseosas, “extrae un millón 400 mil litros de agua diarios, y la obligación del municipio es proteger a los habitantes de San Cristóbal, no favorecer los intereses de la transnacional”.
Sostuvo que además de causar un “daño ambiental” a la zona, la empresa provoca “daños a la salud, pues Chiapas es el estado que ocupa el primer lugar en el mundo de consumo de estas bebidas, sobre todo de esta refresquera.
Recordó que grupos de la sociedad civil impidieron en junio de 2017, que el Ayuntamiento de entonces entregara a la empresa los humedales de montaña de San Cristóbal.
El también ambientalista, Martín López, expresó su “apoyo a la propuesta de que se le quite la concesión de agua a la empresa; no me refiero a si es poca o mucha agua, sino a que es una empresa que usa el agua cuidada por los antepasados, por los abuelos, que nos pertenece y los que vivimos aquí, tenemos el derecho a decidir quién la usa y quién no”.
A pesar de la postura de los ambientalistas la petición fue negada por la Conagua, que presenta estudios donde comprueba que la empresa no genera daños.
