La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) reconoció la acción del Gobierno del Estado de Chiapas con el fin de lograr el despojo de un predio invadido en las colindancias del Parque Nacional Cañón del Sumidero.
Además, informó que integrantes del Movimiento Campesino Regional Independiente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Emiliano Zapata (Mocri-CNPA-EZ), organización que fuera la despojada, también ocupa de manera ilegal 41 hectáreas del Parque Nacional desde el 2013, lo que ocasiona un deterioro en los espacios de conservación, biodiversidad y de provisión de bienes y servicios ambientales para la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez.
La Conanp mencionó que el Parque Nacional es un patrimonio natural del Estado de Chiapas y de todo México, por lo que su conservación beneficia a toda la comunidad. Por tanto, la institución federal reiteró la invitación a proteger y conservar todas las áreas naturales protegidas del país.
El Parque Nacional Cañón del Sumidero pese a ser declarado como una área federal y protegida por la nación desde hace casi 40 años, la problemática de las invasiones a esta reserva natural hacen que el ecosistema persistente se mantenga en riesgo por la actividad humana.
Desde el 15 de mayo de 1981, durante la presidencia de José López Portillo, se determinó que el Cañón del Sumidero y su periferia, por su ubicación, configuración topográfica, belleza, valor científico, educativo y recreación, sería considerado un Parque Nacional.
Es así que como patrimonio cultural de la nación, las autoridades municipales, estatales y federales deberían de realizar el rescate de todo el área, con el fin de no alterar su ecosistema, contribuir al equilibrio ecológico, además de prevenir y controlar la contaminación ambiental.
Sin embargo, el Parque Nacional ha sido afectado desde hace años por decenas de colonias que se han asentado dentro de esta propiedad de la nación, lo que atentaría con la estabilidad ecológica de la zona.
Actualmente, en el Parque Nacional Cañón del Sumidero, se tienen invadidas al menos 41 hectáreas, bajo los nombres: Vida Mejor, Nueva Esperanza, Los Ángeles, Manuel Velasco y Ampliación Leticia Coello, Nueva Esperanza II y Las Granjas I y II, todas ellas acumulan un aproximado de 1050 familias que realizarían afectaciones a la conservación e inclusive al turismo.