Tras sostener una reunión con autoridades gubernamentales para atender el tema del transporte, Mario Bustamante Grajales, presidente de la Alianza del Autotransporte en el Estado de Chiapas, consideró que sí son necesarias nuevas concesiones para el sector en las diferentes rutas, pero éstas se deben entregar después de aplicar un estudio socioeconómico en diferentes regiones de la entidad.
Dijo que nunca se han opuesto a que se autoricen, pero tienen que ser en lugares que no saturen (más) al transporte y que no causen caos vial en las ciudades más grandes de la entidad.
Mencionó que en la reunión se acordó un estudio de factibilidad donde participen especialistas en la materia, para que no se cometan atropellos o daños en las rutas que ya tienen un “equilibrio económico”.
Recientemente se llevó a cabo la presentación del Plan Estatal del Reordenamiento del Transporte y Mejoramiento de la Movilidad Urbana, donde se informó que el principal problema en el gremio ha sido la corrupción.
Bustamente Grajales mencionó que se tocaron temas medulares ante la presencia del titular del Poder Ejecutivo: la revisión de la condición económica de todo el sector y también la revisión de nuevas rutas, fueron parte de los puntos expuestos.
Aseguró que ellos se sumarán a las nuevas autoridades y existe el compromiso de que haya legalidad; no obstante, se tiene que evitar que los “mañosos sigan haciendo de las suyas”.
Más allá de los permisos, rutas, concesiones o combate al ‘pirataje’, lo más importante es la atención hacia la ciudadanía y quien no lo entienda “que se haga a un lado”.
Con respecto a la Ley de Movilidad y Transporte, el líder del sector explicó que también se hizo el compromiso de revisarla, para hacerla más puntual y que involucre la participación de todos los transportistas; de lo contrario, su aplicación será «letra muerta».
Finalmente, hizo un llamado a todo el sector transportista para que se respete la Ley, porque la confrontación no resolverá ninguno de los problemas que enfrenta el gremio, pero el gobierno debe mostrar honestidad y «mano firme» ante los actos de corrupción.
