Luego de condenar el asesinato del activista y defensor de derechos humanos, Sinar Corzo Esquinca, organizaciones civiles, colectivos y grupos defensores de los derechos humanos, pidieron al relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michael Forst, que “requiera al estado mexicano establecer las medidas de protección para los defensores en riesgo y acabar con el ciclo de impunidad que se vive” en el país.
“Quienes suscribimos, vemos con preocupación este signo de frágil situación en la que se encuentran los defensores de los derechos humanos en el estado de Chiapas”, afirmaron en un documento.
Las agrupaciones firmantes hicieron un llamado al estado mexicano para que las autoridades correspondientes realicen una investigación pronta, exhaustiva, diligente y eficaz para llevar a los responsables ante la justicia y que este hecho no vuelva a repetirse en ningún otro lugar.
Corzo Esquinca fue asesinado la noche del jueves en la ciudad de Arriaga por un sujeto no identificado que le disparó con un arma de fuego, lo que le ocasionó la muerte en el acto.
“Las personas defensoras de derechos humanos juegan un papel trascendental para la democracia de nuestro país y su trabajo debe realizarse de manera segura y autónoma”, señalaron.
Recordaron que el activista, miembro del Comité Ciudadano en Defensa de los Derechos Humanos Coloso de Piedra, acompañó varias luchas como la de locatarios del mercado público de Arriaga, donde vivía, para exigir a las autoridades la construcción de espacios dignos para la venta de sus productos y la de pobladores del ejido La Línea que exigen la pavimentación de una carretera, por lo que desde hace tiempo recibió ataques, amenazas e incluso fue encarcelado.
Dijeron que el jueves, antes de su asesinato, asistió a una reunión en la sala del cabildo de Arriaga, en la que se trataron los temas del mercado público municipal y la carretera del Ejido Línea. “Debido a las amenazas en su contra y de sus compañeros, analizaban la solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
El documento está suscrito por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba); el Consejo Autónomo de la Costa de Chiapas; el Frente Cívico Tonalteco; el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa; la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal; el Servicio Internacional para la Paz, Servicios y Asesoría para la Paz; el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova; la Organización Mundial Contra la Tortura; Melel Xojobal; Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas; Voces Mesoamericanas; Acción con Pueblos Migrantes; el Comité de Derechos Humanos de Tabasco y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, entre otras agrupaciones.
