El Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y la Comisión Sexta, denunciaron que agentes de la Guardia Nacional, de las policías estatal de Puebla y municipal de Juan C. Bonilla, “invadieron y desmontaron los espacios de resistencia y organización de la Casa de los Pueblos Altepelmecalli”.
En un comunicado agregaron que la invasión del “espacio cultural y político autónomo, que hasta el 22 de marzo de 2021 fue la planta física de la empresa Bonafont, trasnacional que ha robado y sobreexplotado desde hace años los acuíferos de la región cholulteca”, ocurrió este martes, alrededor de las 1:20 horas.
“Condenamos enérgicamente la escalada represiva que viene de las entrañas del gobierno, en contra de la resistencia y la lucha por la vida de nuestros hermanos de Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes que, enarbolando la defensa de la vida colectiva, convirtió este semillero de muerte en espacio de encuentro e intercambio, en medio de la determinación de imponer en Morelos, Puebla y Tlaxcala el Proyecto Integral Morelos, que atraviesa un gasoducto por el territorio de los pueblos del volcán, desde donde germina esperanza hecha de rebeldía y formas antiguas y nuevas de organización”, dijeron.
Las agrupaciones mencionadas se declararon “en alerta ante la posible persecución de las y los hermanos de la Casa de los Pueblos Altepelmecalli, haciendo responsable al gobierno federal de utilizar a su grupo armado llamado Guardia Nacional para agudizar la guerra del dinero en contra de la vida”.
Lo hicieron responsable “de proteger los negocios de la empresa Bonafont, que despoja, acapara, privatiza y lucra de una forma inmoral con el agua de nuestros pueblos, donde sufrimos el surgimiento de socavones y el desecamiento de pozos, manantiales, ríos y arroyos; tal es el caso del río Metlapanapa, que el Frente de Pueblos de la Región Cholulteca y los Volcanes ha defendido ante la explotación y contaminación en beneficio de los corredores industriales”.
Denunciaron “la ofensiva del gobierno en contra de nuestras compañeras y compañeros que, desde sus geografías, levantan la bandera de la organización de abajo para convocarnos a luchar por la vida”.
De igual forman condenaron “el asesinato del compañero Francisco Vázquez, presidente del consejo de vigilancia de la Asociación de Usurarios del Río Cuautla (Asurco), quien alzó la voz en contra del robo del agua a los ejidos de la región de Ayala, para la operación de la Termoeléctrica de Huexca, Morelos”.
También condenaron “la criminalización del pueblo otomí y del compañero Diego García, por parte del titular de esa institución del gobierno a la que llaman INPI (Instituto Nacional de Pueblos Indígenas)”.
