Katy Caravantes, presidenta del Partido Acción Nacional (PAN) en Chiapas, visibilizó el riesgo del avance de la conocida Ley Espía, la cual señaló, pretende legalizar el espionaje, se rastree la ubicación en tiempo real por parte del gobierno sin una orden judicial y previa notificación.
La presidenta alertó a la ciudadanía de una posible amenaza a las libertades, siendo el avance de la Ley Espía, propuesta por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en el marco del período extraordinario que se está llevando a cabo en la Cámara de Senadores y Diputados.
“Morena pretende que el gobierno pueda pedirles a las compañías telefónicas tu ubicación GPS en tiempo real, sin justificación, sin reglas y sin límites. Es un espionaje arbitrario legalizado”, expuso.
Citó la modificación artículo 160 de la Ley de Telecomunicaciones, para permitir al gobierno convertir al teléfono, tablet, vehículo, en un rastreador personal sin que sea notificado el o la propietaria.
Caravantes, agregó: “Tu teléfono sería un espía del Estado. No necesitas haber cometido un delito. Solo basta con que el gobierno lo decida. Con esta propuesta el gobierno podría seguir los pasos de cualquier ciudadano incómodo, como activistas, periodistas, opositores, críticos, etc. No se trata de prevenir delitos, se trata de vigilar sin justificación”.
La dirigente cerró al recordar el posicionamiento de Morena para usar una ley parecida para regular las redes sociales; cuando les resultaba incómoda.
Zona Docs, medio de comunicación independiente, reportó el rechazo de diversas organizaciones de la sociedad civil al paquete legislativo aprobado por la Cámara de Diputados el 24 de junio, mismo que legaliza y amplía las facultades de vigilancia del Estado mexicano sin establecer controles ni garantías a los derechos humanos.
Las reformas, entre ellas la Ley de la Guardia Nacional y cambios a leyes secundarias, otorgan a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) facultades para procesar y usar información con fines de inteligencia por “motivos de seguridad nacional”, sin requerir autorizaciones judiciales ni establecer mecanismos de supervisión independientes.
Además, se eliminó el requisito de autorización judicial para que la Guardia Nacional acceda a datos conservados por empresas de telecomunicaciones, así como a la geolocalización en tiempo real de dispositivos móviles.
