Más de 200 organizaciones estatales, nacionales e internacionales lamentaron y condenaron la realización de redadas antimigrantes dirigidas por el Instituto Nacional de Migración (Inami) y la Policía Federal Preventiva (PFP), por lo que instaron al gobierno mexicano a garantizar la no repetición de estos hechos y el pleno respeto de los derechos humanos.
Expresaron que el operativo que se realizó el pasado 22 de abril en una carretera de Pijijiapan, los migrantes habían sido cercados por los agentes migratorios, mientras se detenían a descansar después de haber caminado siete horas bajo el intenso sol, por lo que, en este momento las autoridades mexicanas aprovecharon para comenzar la detención de este grupo, donde se detuvieron a más de 300 personas; en su mayoría mujeres solas con hijas, hijos y personas con discapacidad.
Por lo tanto, pidieron al gobierno mexicano se investigue y sancione a los funcionarios que formaron parte de estos lamentables actos, en los que se comprometieron derechos fundamentales de personas con una gran necesidad de protección internacional.
Organizaciones integrantes del Grupo de Trabajo de Política Migratoria (GTPM), el Grupo Impulsor contra la Detención y la Tortura, Colectivo de Organizaciones y Defensoras de Migrantes y Refugiados, Colectivo Migraciones para las Américas y el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste de México, condenaron estos tipos de acciones sobre todo cuando el gobierno mexicano ha señalado que la política migratoria de esta nueva administración, estará basada en el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes.
Dichas organizaciones con más de 20 años en el trabajo migratorio dentro de México, Centroamérica y Estados Unidos, recalcaron que la actual administración continúa centrando la definición de su política migratoria en el control, la gestión y administración de los flujos migratorios, afirmando que las personas que llegan a México lo hacen para poder llegar a Estados Unidos y en consecuencia son migrantes económicos.
Sin embargo, han constatado por la recopilación de los testimonios de cada persona que atienden, lo que muestra una realidad de lucha por la sobrevivencia y la integridad física personal y familiar, lo que convierte a muchas de ellas en solicitantes de asilo.
Asimismo, el gobierno mexicano en sus distintas administraciones, ha empeñado en vincular la migración con un tema de seguridad nacional, posición que favorece la persecución y criminalización de las personas migrantes y necesitadas de protección internacional. Por lo que, lamentaron que este enfoque se haya incorporado dentro de la Estrategia de Seguridad Pública.
En este sentido, expresaron su profundo rechazo y exigieron se retire de esta estrategia recién publicada la catalogación de los “flujos migratorios descontrolados” como la primera amenaza y riesgo a la Seguridad Nacional, como expresión genérica, ambigua y directamente criminalizante hacia las personas migrantes y solicitantes de asilo.
Esta visión contribuye a justificar actos de autoridad que incluso pueden llegar a constituir graves violaciones a derechos humanos como tortura y desaparición forzada, contribuyendo a la vez, a que se fortalezca dentro de la sociedad, sentimientos y acciones xenofóbicas.
