El Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) de México expresó su consternación por la decisión sobre el proceso legal hacia el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, referente a su implicación en el incendio ocurrido en una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Organizaciones de la sociedad civil reiteran su denuncia por el uso indebido de recursos públicos para cubrir el proceso legal y el juicio privilegiado que ha vivido. Además, han advertido que durante su gestión al frente del INM, la política migratoria ha sido hostil y violatoria de derechos humanos.
Suspensión condicional
Este viernes, Garduño fue notificado de la suspensión condicional del proceso penal por el incendio ocurrido en marzo del 2023, el cual dejó un saldo de 40 muertos y 27 heridos permanentes.
Víctor Manlio Hernández Calderón, juez del Centro de Justicia Penal Federal en Chihuahua, tomó la determinación tras considerar que Garduño ha cumplido con una serie de medidas reparadoras hacia las víctimas. Estas incluyen una disculpa pública, reconocimiento oficial del daño causado, indemnizaciones económicas al destinar recursos para pagar compensaciones que van desde 3.5 a 5 millones de pesos por víctima.