La deuda de 26 meses a los socios del extinto Sistema de Transportes Urbanos de Tuxtla S. A. de C. V. (Situtsa), asciende a 83 millones 100 mil pesos, dieron a conocer tras retirarse los manifestantes del cruce de la calle y avenida Central.
Lo anterior, sostuvieron, como una muestra de civilidad de su parte y con el interés de que las autoridades vean que están abiertos al diálogo.
En voz de Javier Clemente Hernández, los socios dieron a conocer que presentaron una propuesta de recibo del pago a las autoridades del Poder Ejecutivo para que se lo haga llegar a las autoridades de Movilidad y Transporte.
La protesta incluye las modificaciones a la propuesta que se les hizo, con la que aseguran que sólo se les está dando un pago equivalente a 10 meses a cuenta de abono de los 26 meses; ya que el recibo original sólo considera el pago de los 10 meses como un pago único y con esto liquidarlos, al mismo tiempo de que renunciarían a las rutas 1 y 2.
Además, señalaron que con esto designan las rutas que estaban establecidas antes de ingresar, a lo que se llamó el “esquema de modernización del transporte”.
De igual modo, Javier Clemente Hernández recalcó que la decisión de retirarse del bloqueo fue voluntaria, ya que uno hubo ningún tipo de presión, gracias a la mediación y el buen entendimiento de la titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Cecilia Flores, por lo que se trasladaron a la explanada del Parque Central.
Dijo que no están cerrados a ningún tipo de diálogo, pero por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) no hay acercamiento de ningún tipo, a pesar de que saben dónde encontrar a Alejandra Chagoya, que es la representante del grupo, para establecer un diálogo.
En caso de darse una posible reunión, dijo que están pidiendo la presencia de un visitador de los Derechos Humanos y un representante de la Secretaría de la Función Pública (SFP), para que se pueda llegar a buenos acuerdos.
Agradeció a la sociedad en general, porque durante el tiempo en que estuvieron en el bloqueo llegaron personas que los apoyaron con alimentos, objetos e incluso donativos para poder comprar algunas cosas como colchas y sábanas.
Comentaron que su interés es que no se les despoje de lo que es su propiedad, porque el propio gobernador, Rutilio Escandón, ha mostrado su apoyo al momento de ordenar que se haga el pago de 10 meses.
