El transporte público en la modalidad de Conejobus está quebrado, financieramente hablando, y se requiere de 200 millones de pesos para subsanar todas las anomalías que se enfrentan con las unidades y hasta con temas fiscales, reconoció Álvaro Robles Cameras, titular de la Secretaría de Transportes en Chiapas, tras concluir la ampliación de la Glosa del sexto y último informe de gobierno.
Aceptó que entre 60 y 70 vehículos están en completo abandono y apenas 40 están disponibles para dar el servicio; de ellas, no todas están en las mejores condiciones. Entre el 2013 y 2014 fueron vandalizadas 30 unidades.
Durante el encuentro que sostuvo al interior del Congreso del Estado (donde los diputados fueron flexibles en el cuestionamiento), el funcionario estatal presumió que durante la administración se entregaron 72 subsidios al Conejobus, para mantener tarifas preferenciales para estudiantes, adultos mayores y personas con capacidades diferentes. La cantidad asciende a los 33 millones 957 mil pesos.
Según lo mencionado, la tarifa no se incrementó en todo el sexenio y se generó un beneficio para la movilidad de cuatro millones y medio de personas.
Ante el cuestionamiento de las condiciones de los vehículos, dijo que el proyecto se atendió mal de origen y, cuando lo quisieron rescatar, el problema ya era mayúsculo, pero se debe atender, porque es el tipo de transporte que se debe tener en la capital.
En esta forma de operación, los concesionarios entregan sus derechos al Sistema y es el gobierno del estado quien tiene que pagarles una cantidad de dinero mensual para que sobrevivan, sin embargo, en este rubro se deben 12 millones de pesos a los socios.
En otras cifras, el funcionario estatal aclaró que no se han entregado concesiones en esta administración, pero que sí existen acuerdos entre transportistas para dar pasos a los vehículos “tolerados”, a pesar de estar fuera de la Norma. Esta situación también ha provocado enfrentamientos entre distintas organizaciones.
En este año, dijo, se han hecho más de 800 operativos en contra del transporte irregular; los números se elevan a siete mil en toda la administración, deteniendo entre cinco y 10 carros todos los días, pero no se informó cuántas de ellas regresan a brindar el servicio tras el pago de una multa y tampoco se dijo en cuanto se ha reducido el “pirataje”, es decir, las unidades que operan fuera de la Ley.
Robles Cameras reconoció que en la Secretaría no cuenta con la estrategia, tampoco con el recurso económico ni la capacidad operativa para erradicar a las unidades irregulares, aunque justificó que esto no significa que no trabajen en la dependencia estatal.
