Los propietarios desplazados de la llamada zona de conflicto en 1994, a causa del alzamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), manifestaron su esperanza de que el Gobierno Federal los indemnice luego de que el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales de Chiapas emitió una sentencia al respecto.
“Pedimos encarecidamente al presidente Andrés Manuel López Obrador que, con el sentido de justicia social que él tiene, sea atendido nuestro problema y su gobierno nos dé una respuesta positiva”, dijo Francisco Urbina Pérez, presidente de la asociación civil Propietarios Rurales Desplazados de la Zona de Conflicto.
Recordó que en el fallo emitido el 15 de noviembre, en respuesta al amparo que los propietarios afectados solicitaron en 2018, el Juzgado ordenó en el punto número 1: “(…) crear una comisión mixta con los tres niveles de gobierno para atender de manera pronta la situación de los quejosos, bajo la coordinación del Ejecutivo federal, ya sea de manera directa o a través de quien faculte o designe”.
Mencionó que en el segundo punto de la resolución se señala que debe de “permitirse el registro de los quejosos en dicha comisión para que sean atendidos en lo individual”. Asimismo, en el punto núm. 3 sostiene que se deben de “realizar las acciones necesarias e instrumentar los programas y políticas públicas para el retorno de los quejosos o, en su caso, para una reparación integral del daño o indemnización; lo que se deberá atender con un enfoque diferencial y especializado, es decir, tomando en consideración la situación especial y particular de cada uno de los justiciables”.
Sin embargo, en la misma sentencia, que “resuelve el juicio de amparo 893/2018”, se agrega: “Cabe destacar que al acatarse los dos primeros puntos se tendrá por cumplida la ejecutoria”.
Ante este panorama, Urbina Pérez informó que debido a esto último los propietarios interpusieron la semana pasada un recurso de revisión ante el mismo juzgado, con sede en Tuxtla Gutiérrez.
De acuerdo con el fallo, los propietarios “fueron víctimas de desplazamiento forzado interno (DFI). Por tanto, dichas omisiones [del Gobierno Federal] vulneran su derecho a una libre circulación y a un lugar de residencia libre de violencia en el territorio en el que se hallen legalmente”.
El dirigente de los afectados afirmó que en total fueron 441 propietarios desplazados por el conflicto armado, “pero ya con esposas e hijos somos más de dos mil personas”.
Después del alzamiento armado, militantes zapatistas “recuperaron” las tierras que estaban en manos de propietarios en Ocosingo, Las Margaritas y Altamirano.
El dirigente de los afectados señaló que si el Gobierno Federal los indemniza, “todos saldremos ganando porque los zapatistas podrán tener documentos que acrediten la propiedad de las tierras”.
Recordó que, en 1994, el Gobierno Federal les pagó una renta compensatoria de 45 pesos mensuales por hectárea por 10 meses. “Primero nos dieron cinco meses de junto y los restantes cinco no nos los daban, por lo que hicimos una huelga de hambre en la Ciudad de México”.
