En la medida que se acerca la fecha para que el Senado de la República encare el proyecto de reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión, remitida por los diputados, y que provocó de la sociedad en general una encendida y oportuna reacción en contra, emergen ahora mayores datos que configuran un franco conflicto de intereses.
El presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, Héctor Osuna Jaime, quien tiene la encomienda de preparar el dictamen sobre las pretendidas reformas para someterlo al pleno, también es director general de una importante empresa de telecomunicaciones, usufructuaria desde 1998 de una concesión para dar servicios integrados de transmisión de audio, datos y voz, así como telefonía e internet. La dualidad de su posición lo descalifica automáticamente, al menos desde una consideración ética, para participar en las enmiendas a la ley sobre la materia que es su negocio.
Las reformas a la ley de radio y tv han sido impugnadas por la sociedad por favorecer sin recato al oligopolio de la industria de la comunicación electrónica, dado que le permite acceder, sin licitación ni trámite alguno, a servicios adicionales de telecomunicaciones derivados de la liberación de frecuencias por el tránsito de los sistemas analógicos a los digitales, entre otros claros privilegios que les asegura la ley de la materia en cuestión.
Los empresarios de la radio y la televisión tienen legítimo derecho a hacer negocios con la industria, pero también están obligados a cumplir los requisitos que el Estado impone -educar, informar, divulgar la cultura- y a compensar justamente los megahertzios que reciban. Las ondas electromagnéticas, dice aún la Constitución, pertenecen a la nación, y nadie puede adjudicarlas graciosamente a un particular.
El intento de albazo con la sorpresiva presentación de las enmiendas, sin debate serio ni consulta abierta, como lo amerita la nueva reglamentación de radio, televisión y telecomunicaciones, se hizo el 1 de diciembre, el mes de mayores celebraciones del ano, y en víspera del arranque de las campanas electorales para la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Con todo ha de privilegiarse el ánimo conciliatorio. Los mexicanos esperamos que los legisladores antepongan el interés nacional al de los concesionarios, pocos pero muy poderosos y siempre dispuestos a tratar bien a quien les sirve y mal al que primero cumple con su deber.
Por supuesto, una legislación conveniente a todos debe estimular el desarrollo sano de las empresas radiodifusoras, televisoras y de telecomunicaciones; cosa muy diferente a dejar la industria al arbitrio de las más ricas e influyentes, sin responsabilidades ni tareas de interés social que cumplir y sin rendir cuentas a la nación.
También debe, esa reglamentación deseable, propiciar la diversificación de las empresas, para fomentar una competencia que en todo el mundo moderno ha probado ser la clave para aumentar la calidad de los servicios y disminuir sus costos al público, porque radioyentes y televidentes pagan directa e indirectamente por lo que ven y oyen.
Para que los mexicanos contemos con una ley respetable es oportuno demandar, de las autoridades y del Senado, un deslinde claro sobre este conflicto de intereses y se investigue un posible uso de información privilegiada de ciertos legisladores para favorecer a particulares.
Ahora que el Senado inicia el análisis y debate sobre la pretendida ley de radio y tv, es necesario apuntar que ya dispone de amplia información y que conoce los posicionamientos de los diversos sectores sociales. Esperamos ver qué pesa más en su ánimo revisor, si los intereses nacionales o los particulares. La disyuntiva es clara. (El Universal).
