El responsable del conflicto por la disputa de 60 hectáreas entre el municipio de Aldama y la comunidad de Santa Martha, perteneciente a Chenalhó, que ha dejado 25 muertos en los años recientes, es el gobierno en sus tres niveles porque “no ha solucionado de fondo las necesidades y problemas, aunque su política sea repartir dinero, migajas, crear conflictos y militarizar a las comunidades indígenas”, afirmó la Junta de Buen Gobierno zapatista de los Altos de Chiapas.
“Con la militarización en territorio zapatista, nos están provocando y obligando a defendernos”, agregó, al tiempo de señalar que “son muchas las comunidades afectadas directa e indirectamente porque ya no pueden transitar, trabajar, ni vivir libremente”, en esa zona.
En un comunicado, sostuvo que “ya no se puede viajar en carro durante el día, sólo de noche con las luces apagadas. Y si tienen que trasladar enfermos y sus cargas, tirotean el carro. Se dañó la unidad, la armonía, las buenas costumbres, los encuentros culturales y religiosos”.
Manifestó que el problema no es nuevo, pues en los años 70, mediante una resolución presidencial de José López Portillo le entregaron a Santa Martha (Manuel Utrilla), 60 hectáreas, que le pertenecían a Aldama, donde ahora está el municipio autónomo de Santa María Magdalena, como se reconoció años más tarde.
Añadió que después hubo acuerdos internos para la devolución de 30 hectáreas, pero no se respetaron y con la remunicipalización de 1998, Aldama se convirtió en municipio oficial, como parte de “un plan contrainsurgente del mal gobierno de (Ernesto) Zedillo y de (Roberto) Albores (gobernador de Chiapas), como respuesta a la declaración de municipios autónomos que hicimos los pueblos zapatistas en diciembre de 1994”.
La JBG dijo que “en el mal gobierno de (Vicente) Fox y Pablo Salazar en el 2000, Santa Martha obtuvo su plano definitivo mediante el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede)”, por lo que los terrenos en disputa quedaron dentro de su territorio.
Aseguró que después de 2008, el gobierno entregó diversas cantidades de dinero a las autoridades ejidales y de bienes comunales de Santa Martha y de Aldama. “Según el gobierno, el problema quedó resuelto, pero el conflicto siguió aumentando porque no hizo bien su trabajo de deslinde en los terrenos, ni abrió la brecha de los mojones, y con eso sembró más provocación”.
Expresó que la implementación del Procede acrecentó los conflictos por la disputa de tierras y Santa Martha y Aldama “son muestras de lo que trajo. El mal gobierno de por sí sabía cuáles eran sus intenciones al crear división y permitir que los campesinos tuvieran libertad, pero libertad de vender sus tierras”.
Señaló que “también se sabe que en esas tierras hay bellezas naturales y centros ceremoniales en donde pretenden crear reservas o centros ecoturísticos privados, por lo que con su política aprovechan para dividir y enfrentar comunidades para ver si caemos en sus trampas y ya cuando los pueblos se están enfrentando acusan que nos matamos entre hermanos y dicen que hay un conflicto intercomunitario, pero no dice quién lo creó. Así justifican la militarización después de que ellos mismos metieron los problemas en territorio zapatista y nosotros les decimos: nos están provocando y nos están obligando a defendernos”.
La JBG aseveró que en el sexenio pasado aumentó el conflicto, con “ataques contra todas las personas sin importar sexo y edades”, lo que “ha dejado viudas, viudos, huérfanos y huérfanas, casas y escuelas autónomas baleadas, animales domésticos muertos y desplazamientos; pérdida de maíz, café, plátano, quemas de caña y daños a la apicultura. Es claro que las afectaciones del conflicto son de ambos lados”.
Afirmó que ya en el presente gobierno hubo un enfrentamiento “fuerte” el 21 y 22 de enero pasado. “Las ráfagas se escuchaban en toda la franja del río que sirve de división entre los pueblos, y como solución el gobierno federal y estatal, así como de los alcaldes de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez y de Aldama, Ignacio Pérez Girón, el 23 de enero enviaron camiones de soldados y policías para instalar una base de operaciones mixtas en la comunidad de Cocó, Aldama”.
