El Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas” (Frayba) informó que al menos 90 personas originarias de las comunidades Nuevo Paraíso, San José El Carmen y de la cabecera municipal de Pantelhó, integrantes de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, se han desplazado debido a “la tensión política que se vive” en el lugar, por la posible toma de posesión del alcalde electo Raquel Trujillo Morales, quien debe de asumir el cargo a partir del primero de octubre.
En un comunicado advirtió que “según información de autoridades comunitarias de Pantelhó y Chenalhó, en los próximos días el número de desplazados aumentaría debido al miedo de que se desate la violencia el próximo 1 de octubre”.
Aseguró que “la violencia ha ido incrementando, después de las declaraciones realizadas por Trujillo, presidente municipal electo, de que tomará posesión de su cargo el próximo 1 de octubre. Sus declaraciones han impactado y generado temor a la población, provocando nuevos desplazamientos”.
Manifestó que “el Estado mexicano tiene la obligación de prevenir el desplazamiento forzado interno, adoptando las medidas que sean necesarias, además tiene el deber de investigar, procesar y sancionar a los responsables, para que tales hechos no se repitan”.
El organismo que preside el obispo emérito de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, afirmó que “la ineficacia y simulación de las acciones del Estado mexicano sigue favoreciendo un ambiente de violencia y miedo contra las comunidades tzotsiles y tzeltales de Chenalhó y Pante-lhó, obligando a las personas a abandonar sus hogares”.
Además, abundó, “el desplazamiento forzado interno vulnera el derecho a la libre circulación y residencia, afecta el derecho a una vida digna, provocando una serie de efectos nocivos, como la pérdida de la tierra y de la vivienda, la marginación, tortura, agudización de la pobreza y deterioro de las condiciones de vida, incremento de pérdida del acceso a la propiedad, inseguridad alimentaria y desarticulación social”.
Exigió al Gobierno de México la implementación de medidas cautelares y precautorias, “ante el anuncio de posibles hechos de violencia que vulneren la seguridad e integridad personal de la población en la región de los Altos de Chiapas”.
