Las diferencias ideológicas que existen en Venustiano Carranza y los últimos conflictos en la zona, provocaron el desplazamiento de 80 familias que pertenecen a las comunidades de Yaschen de Los Pobres y San Bartolomé de Los Llanos, quienes denunciaron que fueron expulsados del lugar por un grupo paramilitar denominado Paraíso Grijalva que reiteran el llamado para la intervención de las autoridades, debido a que se quedaron sin patrimonio.
Mediante un video, cuya duración supera los 10 minutos, los quejosos aseguran que desde hace cinco meses han pedido la intervención de funcionarios para que tome cartas en el asunto, pero aún siguen en espera de una pronta respuesta.
Ahora que sus viviendas están quemadas, señalan, no tienen dónde dormir. Los desplazados acusan que fueron retirados de sus hogares porque ya no comparten la ideología del grupo paramilitar, a quienes acusaron de ser violentos y que no toman en cuenta a otros grupos.
“A fuerza quieren que estemos con ellos, que limitemos, ya no queremos; dijimos basta de violencia en contra de nuestros hermanos indígenas en el estado”, reclamaron los habitantes de Venustiano Carranza.
El 12 de enero de este año, recordaron, el grupo paramilitar llegó al poblado San Bartolomé a provocar miedo (con el aval de funcionarios) entre todos los sectores de la población y destruyeron un campamento de los elementos policiacos.
El pasado 8 de febrero repitieron su comportamiento; en esa ocasión, relatan en el video, integrantes del grupo Paraíso Grijalva amenazaron con quitar los servicios básicos de agua, drenaje y la luz, pero no lo consiguieron.
Semanas después (el 26 de abril) el mismo grupo paramilitar con el apoyo de unas 300 personas destruyó 16 casas, quemaron todo y saquearon parte de las pertenencias. Las acciones radicales se replicaron el 4 de mayo cuando los hogares que aún estaban en pie, fueron destruidos en su totalidad.
Los pobladores afectados exigen al gobierno la reparación de los daños causados en las viviendas, respeto a la autonomía de las comunidades indígenas, que no se invadan los terrenos agrarios, así como la atención en una mesa de diálogo y la intervención de organismos no gubernamentales.
Los pobladores insistieron que, pese a la gravedad del problema, no han tenido ningún acercamiento con los representantes del Gobierno estatal, tampoco han recibido ayuda. Al continuar con la lectura del documento, también compartieron una carta pública dirigida al titular del Poder Ejecutivo Federal.
En ese escrito remarcan que los funcionarios estatales han sido omisos para atender el conflicto y, lejos de tener acompañamiento, ahora sus viviendas fueron saqueadas y quemadas, las cuales se construyeron con mucho sacrificio en los últimos años y que el esfuerzo se fue a la basura por la diferencia que tienen con un grupo paramilitar.
Fue en 1996 cuando se situaron los habitantes en tierras ejidales; para el 2019, ambos poblados se separaron de una gran Alianza que se había formado pero que se salieron del grupo debido a que los paramilitares sólo buscan quitar los terrenos a los miembros de la Casa del Pueblo.
La postura que asumieron los afectados es la de reivindicarse como un pueblo autónomo, con el libre derecho que tienen las comunidades indígenas, aunque ello signifique enfrentar actos de violencia de grupos que sólo se dedican a cometer actividades ilícitas.
