La justicia laboral en México ya no estará a cargo de organismos tripartitos (Juntas de Conciliación y Arbitraje), integrados por sindicatos, empresas y gobiernos, que eran blanco de críticas y denuncias por no actuar imparciales en los conflictos laborales, y guiarse por consignas de carácter político y económico.
A partir del 17 de noviembre inició el nuevo modelo de justicia laboral en ocho entidades del país: Campeche, Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco, Durango, Zacatecas, Estado de México y Chiapas, a través de los Centros de Conciliación y Registro Laboral.
El nuevo modelo estará en manos de tribunales laborales, que dependen del Poder Judicial federal y de los estados, y ya no de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, que dependían del Poder Ejecutivo. Estos se encargarán exclusivamente del desahogo y resolución de conflictos.
“Son los Centros de Conciliación y Registro Laboral, local y el federal, quienes se encargarán de la instancia conciliatoria”, indicó el director general de este organismo federal, Alfredo Domínguez Marrufo.
Por ejemplo, el de nivel federal atenderá aquellos asuntos de la industria petrolera, petroquímica, metalmecánica, metalúrgica, minera, cervecera, refresquera, aeronáutica y otros; y el local el resto, como la construcción, hotelera, restaurantes, bares, comercio y servicios.
“De no solucionarse estos conflictos es cuando pasará a manos de los tribunales laborales, pero la mayor apuesta es que la mayor parte se resuelva por la vía del diálogo, en un plazo establecido por ley de 45 días naturales”, agregó.
En el caso que el procedimiento pase al tribunal, de acuerdo a la modificación a la ley en lo que refiere a la tramitología, un juicio está planteado para resolverse en un plazo de seis meses, con dos audiencias centrales, para presentar las pruebas y para el dictamen de sentencia.
Juntas de Conciliación
Dijo que si bien las Juntas de Conciliación ya no recibirán nuevos casos laborales, sí continuarán desahogando los expedientes que tienen rezagados hasta el 17 de noviembre de este año.
“Todas las Juntas de Conciliación presentaron su programa de trabajo con indicadores concretos para desahogar todos sus expedientes ante el Consejo para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Laboral, integrado por Hacienda, Secretaría del Trabajo, Gobernación, todos los tribunales de justicia y otros.
“Vigilarán el actuar de cada una, ya que el estímulo de algunas será no desahogar sus expedientes para tratar de seguir permaneciendo y continuar con su empleo; pero todo el personal podrá concursar en igualdad de oportunidades para incorporarse a los nuevos organismos de justicia laboral”, comentó.
Contratos colectivos
El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral se encargará además de la conciliación, del registro de todos los sindicatos y los contratos colectivos del país.
Además, tiene facultades para verificar los procedimientos de democracia sindical, que refiere a que los trabajadores deben aprobar por voto libre y secreto sus contratos colectivos de trabajo y a sus dirigentes.
Mencionó que hoy día en el país, tres de cada cuatro contratos colectivos son firmados a espaldas de los trabajadores, denominados como contratos de protección de los empleadores.
“Este órgano emitirá también constancias de representatividad, para que cualquier sindicato que pretenda firmar un nuevo contrato colectivo deberá tramitarla acreditando que cuenta por lo menos con el respaldo del 30 por ciento de sus afiliados”, aseveró.
Lo anterior para garantizar que no existan pseudo sindicatos y pseudo líderes, que hoy emplazan a huelga a un empleador para conseguir una gratificación para no seguir con el procedimiento, lo que incurre en una extorsión al patrón.
Domínguez Marrufo explicó que los trabajadores deberán estar asesorados por un abogado cuando su asunto pase a un tribunal; en caso que no cuenten con el recurso para contratarlo o así lo decidan, pueden recurrir a los abogados oficiales o procuradores federales o estatales del trabajo, quienes tienen todavía la atribución para poder representarlos.
Por último, dijo que en el caso de los Centros de Conciliación, los trabajadores pueden ir con una persona de su confianza, no necesariamente un abogado, pero son ellos quienes tienen que hablar directamente con la parte patronal; esto busca acabar con la industria de litigio, en donde ambas partes, los abogados apuestan a que los juicios se prolonguen.
