"Carlos Burguete * CP. En un hecho sobresaliente para el estado de Chiapas, el Poder Judicial de la Federación determinó otorgar el juicio de amparo a favor de Carlos Enrique Tapia Ramírez contra actos realizados por el Congreso del Estado (en la gestión 2004-2007).
Esto, debido a que los integrantes de la LXII Legislatura se negaron a proporcionar el informe de la auditoría realizada a los recursos destinados a la reconstrucción de las zonas danadas por el huracán Stan, lo que evidenció la impunidad del entonces gobernador Pablo Salazar Mendiguchía.
El texto enviado por el Tribunal del Poder Judicial de la Federación, senala la omisión en que habría incurrido el entonces presidente del Congreso del Estado de Chiapas, Juan Antonio Castillejos, así también se hace mención de Fabián Lorenzo Camacho; ambos, presentaron su alegato sobre el tema, versión que fue desestimada por el órgano judicial debido a las múltiples inconsistencias que presentaba.
Violentaron ley
La sentencia del Tribunal del Poder Judicial de la Federación se basa en que el Congreso del Estado violó las garantías individuales de Tapia Ramírez al no dar respuesta alguna a su petición formulada desde el siete de junio del 2007 en torno al informe de dicha auditoría.
""Resulta evidente que la autoridad responsable violó en perjuicio del quejoso la garantía contenida en el Artículo 8 de la Constitución... Lo procedente es conceder el amparo y protección contra el acto reclamado del Congreso del Estado de Chiapas"", senala la sentencia del Juzgado Sexto de Distrito.
Con lo anterior, el Poder Judicial de la Federación destaca que la autoridad ""a quien se ha dirigido la petición está obligada a dar contestación a la misma"", lo que nunca sucedió por parte de los integrantes de la LXII Legislatura.
De acuerdo con la instancia federal, el Derecho de Petición es ""la garantía individual consagrada en la Constitución por la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad tiene el derecho a recibir una respuesta, lo que obliga a la autoridad a producir una respuesta"".
Carlos Tapia Ramírez, presidente de la Sociedad Civil del Soconusco, es uno de los impulsores del juicio político contra Pablo Salazar Mendiguchía por el presunto desvío de 11 mil millones de pesos.
Municipios como Tapachula han sido testigos del desvío de recursos que eran destinados para la reconstrucción de dicha zona, donde cientos de familias fueron enganadas por la administración pasada.
El resolutivo de amparo a favor de Tapia Ramírez es otorgado por la justicia federal en vísperas de que el Órgano de Fiscalización del Congreso de la Unión, dé a conocer los resolutivos finales de la auditoría practicada a los recursos de la reconstrucción que podrían haber sido desviados por el ex gobernador.
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