Habitantes del municipio de Tila celebraron con una asamblea comunitaria y luego una marcha, la conmemoración del 85 aniversario de la resolución presidencial de la creación del municipio.
El Concejo Nacional Indígena (CNI) mencionó que no se puede pasar por alto cómo se fueron legalizando los documentos del ejido, cuando las generaciones pasadas caminaron por las montañas de Tila a Tuxtla Gutiérrez para hacer la entrega de la solicitud de fecha 3 de febrero de 1922 ante el general José Tiburcio Hernández Ruiz, quien fuera gobernador en esos tiempos.
Posterior a ello, dicha solicitud se publicó en el Diario Oficial del estado el 5 de abril del mismo año y se recabó el censo agropecuario el 21 de marzo de 1929 de los 836 individuos.
Asimismo, el 19 de mayo de 1932, Manuel Paz, comisionado para deslindar cinco mil 405 hectáreas en la forma siguiente: 2,938 hectáreas de terrenos nacionales y 2,466 hectáreas de la finca Pensilvania que a la suma corresponden cinco mil 405 hectáreas de terrenos ejidales a favor del ejido Tila, la entrega provisional se publicó en el Diario Oficial del estado el 1 de junio de 1932 de acuerdo con el artículo 160 de la Ley Agraria en vigor.
Los habitantes recordaron que el 17 de enero del 2019 se hizo público el decreto 132 que dejó insubsistente el decreto 72 y el Diario Oficial de 1980 emitido por la quincuagésima cuarta Legislatura del Congreso del Estado, que consistió en fraccionar en lotes urbanos que llevó al desposeimiento de tierras ejidales pertenecientes al ejido quejoso, es decir, el ejido Tila.
Además, en la asamblea recordaron que no pueden pasar inadvertidas todas las injusticias que soportaron “nuestros abuelos y nuestros padres, los despojos de 130 hectáreas y conflictos armados, quemas de casas en 1970, 27 órdenes de aprehensión en 1981, cuatro órdenes de cateo, los asesinatos cometidos de un hijo del ejidatario Nicolás Jiménez García y su asesino, originario de Tumbalá, Chiapas”.
También, los asesinatos cometidos por los policías municipales y estatales, las amenazas del grupo paramilitar en 1999 que arribaron en camionetas y volteos armados con machetes y armas de fuego en sus mochilas por órdenes del presidente municipal Carlos Torres López.
El bombardeo de dos helicópteros con gases lacrimógenos y el ingreso al ejido de Tila de 20 convoyes de policías estatales en 2005, con la detención de más de 50 compañeros indígenas para imponer al presidente municipal Juan José Díaz Solórzano, originándose desplazamientos y muerte de niños recién nacidos que no soportaron la sustancia de los gases lacrimógenos.
Finalmente, agregaron que la educación que es laica y gratuita en el artículo 3 constitucional, es un derecho para fomentar el amor a la patria, a la conciencia, la solidaridad, a la independencia y a la justicia.
