Cientos de pobladores realizaron este martes una peregrinación para conmemorar el segundo aniversario de la masacre de 11 personas, ocurrida el 12 de mayo del 2024 en el ejido Nuevo Morelia, municipio de Chicomuselo, situado en la sierra del estado, en el contexto de la disputa del territorio entre grupos del crimen organizado.
“Nos arrebataron sus vidas, experimentamos dolor y sufrimiento, pero su sangre bañó las raíces de este pueblo que entrañablemente mantiene viva su memoria y su dignidad estando de pie, aunque seguimos experimentando el miedo, el control, la violencia psicológica, la inseguridad y la indiferencia” ante “los efectos de la violencia, una tortura cotidiana”, afirmó la agrupación llamada Pueblo Creyente y la parroquia de San Pedro y San Pablo.
“Nuestros mártires por la paz, defensores de la madre tierra y el territorio, como chispas que se propagan en un cañaveral siguen animando la lucha y resistencia de nuestras comunidades; junto a ellas y ellos, con la fe y el amor por su pueblo, hoy volvemos a proclamarnos contra la explotación minera, el control de nuestros territorios, las amenazas, despojos e intimidación”, expresaron.
En un comunicado, agregaron: “No podemos silenciar la persecución y la violencia generalizada que cada día cobra más fuerza y más vidas inocentes en nuestro estado de Chiapas, como recientemente ocurrió con nuestras hermanas y hermanos en Nicolás Ruiz y Venustiano Carranza”.
Afirmaron que “el desmedido interés por despojar a los pueblos y controlar los territorios está dejando familias y comunidades destrozadas; con total impunidad se siguen violando nuestros derechos humanos y colectivos”.
El Pueblo Creyente y la parroquia de Chicomuselo exigieron “reconocimiento de las masacres ocurridas en Chicomuselo, Nicolás Ruiz y otros pueblos donde grupos criminales se disputan el territorio; justicia para quienes han sido asesinados víctimas de la violencia; justicia para nuestros hermanos y hermanas de Nueva Morelia y Nicolás Ruiz” y para el sacerdote tsotsil Marcelo Pérez Pérez y el catequista Simón Pedro Pérez López, entre otros.
Pidieron que “se haga efectiva la declaratoria oficial de la cancelación de la explotación minera en Chicomuselo” y exigieron que se frene “la venta de alcohol y drogas que lacera la vida de las comunidades y el futuro de nuestros jóvenes, niñas y niños; que cesen las amenazas, hostigamiento, presión e intimidación para las comunidades; al hostigamiento, persecución e intimidación por nuestra labor pastoral”.
Dijeron que las once personas masacradas hace dos años son Ignacio Pérez, Isidra Sosme, Teresita de Jesús Arrazate, Rosalinda Bravo, Alfonso Pérez, Yojari Belén Pérez, Dolores Arrazate, Azael Sánchez Escalante, Joel Escalante, Urbano y Brandi.
