"Elam Náfate * CP. Dos consejeros y el secretario ejecutivo del CEDH se manifestaron a favor de restituir la legalidad de dicho órgano colegiado.
Por ello hicieron un llamado a las universidades públicas para que revisen el caso de nombramiento y al Congreso del estado para que haga una revisión del nombramiento de Marina Patricia Jiménez Ramírez, que también no es chiapaneca por nacimiento.
Así lo señalaron Pedro Raúl López Hernández, José Rafael Navas Pérez y el secretario ejecutivo Diego Cadenas Gordillo.
""Lamentablemente al menos al interior del CEDH no hay nada que celebrar. Más bien hay mucho que lamentar"", señaló enfático Pedro Raúl López Hernández.
El problema interno que atraviesa el CEDH es un asunto de imagen, que va más allá de una diferencia interna del organismo, dijo.
Agregó que se ha dejado esparcir la especie que se trata de espacios de poder, y se quiere hacer aparentar que son diferencias entre los consejeros.
""No, el problema es más complejo e implica un problema de legalidad"", precisó.
Dijo que lo real es que en el CEDH hay dos consejeros que no reúnen los requisitos que establece la ley para ser consejeros, lo que trae como consecuencia que los actos que realicen tienen vicios de origen y por lo tanto carecen de legalidad.
Por una parte, en Marina Patricia Jiménez Ramírez no existe evidencia alguna que represente a los organismos no gubernamentales del estado de Chiapas; pues no fue electa bajo ningún procedimiento público, transparente e informado.
Además ""no es chiapaneca por nacimiento; y no obstante ello, ha incurrido en actos que desde mi punto de vista personal, refiere que es una persona que no tiene autoridad moral e incurre en una total falta de probidad y honradez"", explica López Hernández.
Evidencia
Detalla que ""no puede ser honesta una persona que contrata a un veterinario para que realice el trabajo de un psicólogo; dos profesiones completamente antagónicas"".
Amén de ello, contrató como directora de Investigación a la Dra. Inés Castro Apreza, con un horario de tiempo completo en Tuxtla Gutiérrez, cuando esta persona se desempeña a la vez como investigadora de la Unicach, también de tiempo completo en otra ciudad, con el mismo horario, en ciudades distintas (San Cristóbal).
""Esto es muy grave, pues dicha profesionista, o bien trabajó en el CEDH, o bien trabajó en la Unicach, en el Cesmeca, cuya sede está en San Cristóbal de Las Casas"", mencionó.
Afirmó que todos estos hechos son ilegales ""y son por los que no estamos de acuerdo, que aparte de violentar la ley incurren en actos que pueden ser objeto de responsabilidad administrativa y penal"".
El problema, continúa, es más complejo aún ""porque no podemos celebrar un aniversario más de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque a iniciativa de Florencio Madariaga Granados, estos están siendo vulnerados al interior del Consejo"".
Entonces con qué autoridad moral puede salir el CEDH a defenderlos, si al interior las leyes son letra muerta, destacó el consejero.
Expuso que la defensa de los derechos humanos es una prioridad para toda la sociedad chiapaneca. ""Y aquí, simplemente, con la actitud de Madariaga, Marina Patricia y Lorenzo López Méndez, estamos caminando en sentido contrario"".
Destacó que uno de los principios fundamentales de esta declaración es ""el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de la persona humana, son los fundamentos para la libertad, justicia y paz en el mundo, pero que se revierte por la actuación de los hombres"".
Y es que el papel fundamental de los organismos defensores de los derechos humanos es procurar la protección de los derechos y garantías de las personas, sin menoscabo alguno.
""Se ha tratado de combatir estos atropellos. Y lo han hecho a través de la emisión de votos razonados; de manera particular en los absurdos casos en donde deben emitirse recomendaciones en lugar de una propuesta conciliatoria, buscando resarcir el daño sufrido por las víctimas"", añade.
Precisó que ""la emisión de los votos razonados no es con el afán de violentar el ánimo en el organismo ni contrariar las opiniones de los demás consejeros, sino que es considerado apegado al espíritu de defensa de los derechos humanos que debe perseguir este organismo"".
Aunque reconoció que son viables las propuestas conciliatorias; pero en casos no graves y buscando en los casos la amigable composición entre el peticionario y la víctima, y las autoridades o servidores públicos responsables de la violación de los derechos humanos.
Esto de manera que se solucione inmediatamente el conflicto planteado y se restituya en el goce de sus derechos a la víctima, y se repare del daño causado siempre que la naturaleza del caso lo permita.
Sin embargo Florencio Madariaga actúa al revés, al no fortalecer el marco de protección a la víctima, quien tiene derecho a la reparación material adecuada, equitativa, efectiva y expedita del daño sufrido
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