Cuando Felipe Calderón decidió utilizar al Ejército para enfrentar frontalmente a los grupos del narcotráfico, muy pocas voces protestaron por esta determinación. Dos hechos justificaron la estrategia: las policías locales carecían de capacidad para afrontar el poderío de estas organizaciones y los cuerpos federales no gozaban de plena confianza para desempenar la tarea. Así, tanto sociedad política como sociedad civil, de manera explícita o silenciosa, firmaron un cheque en blanco al Presidente para que actuara con todo el peso del Estado contra esta expresión de la ilegalidad.
En diciembre se cumplen tres anos de aquella decisión. Al paso de ese tiempo se ha logrado desarticular redes, cacicazgos y complicidades entre funcionarios y criminales. Sin embargo, la intensiva presencia de fuerzas militares en las calles también ha tenido consecuencias perjudiciales. Por más que se exija a los militares respetar los derechos humanos, la naturaleza de sus responsabilidades suelen apartarles de este objetivo.
De ahí que, hacia la segunda mitad del sexenio, entre los liderazgos políticos comience a plantearse revisar el papel del Ejército. El coordinador panista en el Senado, Gustavo Madero, reconoció que el país está obligado a reflexionar para establecer límites a la participación de las Fuerzas Armadas. El perredista Carlos Navarrete aceptó que incluir al Ejército en el combate a la delincuencia ha traído violaciones a los derechos humanos.
Del otro lado del espectro, el diputado priísta Francisco Rivera Bedoya, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, se pronunció por que los soldados redoblen sus esfuerzos, mientras el panista Jorge González Betancourt confía en que son capaces de respetar las garantías civiles.
Estas declaraciones, por lo pronto, dan cuenta de la fractura en el consenso que existía dentro de la clase política en esta materia. Por ahora resulta prudente consignar el hecho. (El Universal)
