Derivado de la cantidad de dinero que se destina para la asignación de obras tanto en el sector privado como en el público, las empresas en el ramo de la construcción se han convertido en un espacio perfecto para la evasión fiscal y operaciones ilícitas, denunció Carlos Méndez, auditor certificado en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Entrevistado sobre el tema, mencionó que en el giro de la construcción quienes están al frente de las compañías también utilizan dicha figura para lavar dinero a través de procedimientos, netamente ilegales.

Todas estas acciones, explicó, se dan mediante la evasión fiscal o con la compra o venta de facturas que “justifican” una acción inexistente y trae como consecuencia que las empresas tengan mayores deducciones y menos pagos de impuestos, es decir, generan un impacto negativo para el erario.

“Han existido desde siempre -quienes venden comprobantes- y que operan a través de una comisión con el pago de la factura; lo que buscan las constructoras es disminuir una base de impuestos”, comentó.

Recordó que, de forma histórica, las constructoras han sido utilizadas para cometer actos de corrupción; en algunas ocasiones, solamente se crean empresas “de papel” para presentar propuestas de asignaciones de obras pero nunca ganan las licitaciones porque no tienen la infraestructura ni el capital humano, lo que hacen en realidad es una simulación en un concurso de proyectos una vez que se emiten las convocatorias.

Considerando que las constructoras en nuestra entidad ejercen el 58 por ciento de todas las obras, dijo el auditor, es urgente que no participen en actos ilícitos; no obstante, también deben cumplir con su registro ante el padrón de prevención de lavado de dinero, capacitación y envío de reportes.

El auditor certificado dijo que el Gobierno federal (desde el 2012) considera a las empresas en el rubro de la construcción como una actividad vulnerable para hacer operaciones irregularidades, por tal razón se llevó a cabo un programa de autorregulación.

No obstante, consideró que dicha estrategia no ha tenido el éxito deseado debido a que existe un desconocimiento de quienes se dedican a este sector, principalmente en las obligaciones que tienen con las autoridades fiscales.

Para quien compre o venda facturas, explicó, las sanciones pueden ir de tres meses y hasta seis años de prisión; de mil a cinco mil días de salario para las empresas que lleven a cabo actos de lavado de dinero y de cinco a 15 años de prisión.

Las evasiones, aclaró, se dan porque existen personas que permiten dichos actos de corrupción en medio de las cantidades millonarias que se asignan en las obras; en varios casos, mencionó, también las empresas llevan a cabo trabajos con materiales de mala calidad o, sencillamente, no realizan ningún proyecto que les fue asignado.

Detectar movimientos financieros irregulares dentro de una empresa de la construcción, reconoció, es difícil, pero no se trata de un imposible; en las investigaciones también se han encontrado a las empresas fachadas, para simular operaciones.

Finalmente, Méndez añadió que en nuestro país existen 10 mil sujetos obligados que están señalados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que, presuntamente, realizan operaciones simuladas.