“Con el pueblo todo y sin el pueblo nada”, dijo Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), al encabezar la asamblea regional en Las Margaritas.
Ahí tres mil 900 personas y mil 533 autoridades de 400 comunidades de los pueblos Tojolabal, Chol, Chuj, Tseltal, Tsotsil, Mam, Akateko, Jakalteco, Qanjobal y Afromexicano participaron en la consulta sobre la Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
Regino sostuvo que la ley se construye con la voz de las comunidades. “Hoy estamos usando como instrumento fundamental para la transformación de la vida pública, la premisa juarista de que nada por la fuerza y todo por la razón y el derecho”, afirmó.
Derechos inalienables
Añadió que los pueblos abrazan la Constitución para el reconocimiento de sus derechos inalienables. Y reconoció la trayectoria histórica de las comunidades indígenas de Chiapas y sus aportaciones a la construcción de derechos colectivos, así como la importancia de los procesos organizativos y de diálogo.
Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), subrayó la importancia del reconocimiento constitucional con personalidad jurídica y patrimonio propio. Destacó la participación directa de los pueblos en la construcción de la iniciativa.
Edith López Hernández, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas del Senado, señaló que el reconocimiento de los pueblos como sujetos de derecho público representa un avance histórico frente a décadas de discriminación y exclusión. Garantiza el respeto a las lenguas, culturas, formas de organización y sistemas normativos.
Víctor Suárez Carrera, procurador agrario, dijo que tras el reconocimiento constitucional, el siguiente paso es una ley reglamentaria que haga efectivos esos derechos. Expresó el respaldo de la Procuraduría Agraria a la iniciativa.
Yaneth Cruz Gómez, coordinadora del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, calificó el momento como histórico. Señaló que las demandas más sentidas son el reconocimiento de los derechos colectivos, la autonomía, la libre determinación y la justicia social, además de un país sin racismo ni clasismo.
