La consulta del PRD-FAP sobre los cambios legales al régimen petrolero movilizó, dicen, a un millón y medio de personas. Sin duda atinaron a mostrar su baja capacidad de convocatoria. A la magra participación se agrega la ausencia de observadores independientes y confiables que ofrezcan apreciaciones objetivas sobre el fenómeno.
zQué podemos sacar en conclusión? Primero, su baja significación estadística: suponiendo que la cifra sea cierta, un millón y medio de personas representa menos de 3.6% de los votantes en la última elección presidencial. A pesar de la diferencia entre ambos tipos de votación, no deja de ser llamativa su baja representatividad y, en consecuencia, el error de haber escogido este instrumento en vez de, por ejemplo, una encuesta. También se puede decir que la movilización de calle no es ya ni una pálida sombra de lo que parecía ser después de julio de 2006, y que quizá nunca tuvo la envergadura que sus convocantes le atribuyen.
Tomando a la consulta por el lado positivo, nos ilustra que las diferencias entre los partidos políticos y, probablemente entre los ciudadanos, no se ventilan adecuadamente en los foros ordinarios de la política. Hay una insuficiencia representativa de las instituciones democráticas y paralelamente una impronta levantisca contra todo lo que huela a normalidad institucional.
Unos han sabido aprovechar muy bien este doble déficit (PRD-FAP), otros no lo han entendido y se empenan, a pesar de los riesgos, en no tomarlo en serio (PAN). En medio queda ese viejo lobo de mar y tierra que es el PRI y los priístas de variado cuno que no solamente habitan en ese partido sino que han colonizado a los demás. Estos pueden ser los ganones del pleito.
Lamentablemente, todo indica que los actores políticos que toman en consideración genuinamente los intereses del país por encima del propio, no obstante porten su ideología -el que no la tenga que arroje la primera piedra-, cuentan poco en la clase política. Sólo unos cuantos actores se percatan de que bajo los varios diferendos (fiscal, energético, laboral, agrario, educativo...), está en juego un conflicto constituyente que al no resolverse en la arena de la negociación eterniza el movimiento a tumbos del país, la evasión de los problemas centrales y la mediocridad medida con la regla que sea: bajo crecimiento, reciclamiento de los rezagos, empobrecimiento de capacidades, desprestigio internacional, etcétera.
El lugar del reconocimiento colegiado de las prioridades nacionales lo ocupa la grilla, por definición barata, y sus consecuencias cuando se vuelve práctica común de la dirección nacional: irresponsabilidad y ceguera como rutinas del gobernar. [email protected]
* Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
