Al momento de realizar obras públicas o privadas en un territorio indígena, las consultas son instrumentos obligatorios para evaluar el impacto ambiental de una obra, y en el caso de no tramitarse, sanciones o incluso la cancelación de un proyecto podrían ser las consecuencias, explicó la integrante del Colegio de Ingenieros Ambientales de Chiapas (Ciach), Rosario del Carmen Gutiérrez Estrada.
En el Seminario “Pueblos indígenas y su participación, evaluación de impacto ambiental”, la especialista en Derecho Ambiental explicó que la evaluación del impacto ambiental “es el procedimiento por el cual las secretarías medioambientales establecen las condiciones a que se sujetan obras y actividades”.
Sobre todo en las que se pueda generar un desequilibrio ecológico o rebasar los límites para mantener un ecosistema, con el fin de evitar o reducir al mínimo los efectos negativos.
Conocer las leyes
La consultora ambiental destacó como necesario que las comunidades conozcan las leyes y condicionantes que existen dentro de los proyectos, siendo responsabilidad de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) la supervisión, visita, medidas correctivas, reservar los derechos y plazos, así como verificar las resoluciones.
Consulta
Sobre la consulta indígena, dijo que “es un verdadero instrumento de participación y no debe entenderse como un fin, sino como un medio para alcanzar un diálogo intercultural entre el Estado y los pueblos indígenas, y que permita garantizar el respeto, ejercicio y reconocimiento de sus derechos colectivos”.
La egresada de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) manifestó que es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) el encargado de realizar las consultas para que se analicen en comunidad; de no realizarse, las entidades pueden ser acreedoras a una sanción, e incluso, la cancelación de un proyecto.
