"Hace más de un año la empresa de depilación Neoskin cerró oficinas. No hubo declaración de quiebra o concurso mercantil, simplemente desapareció la dueña con el dinero de los clientes. Apenas hace dos semanas sucedió lo mismo con decenas de sucursales de muebles Azcué. El común denominador en ambos casos fue la imposibilidad de los clientes de hacer algo más que quejarse ante Profeco. Por años el consumidor en México ha estado en total indefensión frente a tiendas, empresas productoras y prestadoras de servicios. Eso está cerca de cambiar.
Ante esto, los diputados federales ratificaron, proveniente del Senado, una enmienda al artículo 17 constitucional, que incorpora mecanismos legales para que las corporaciones reparen el daño derivado de un mal producto o servicio. Pero no sólo eso. También permitirá a los afectados realizar acciones colectivas, es decir, unirse en la defensa legal de intereses comunes, como recuperar su dinero en casos de defraudación como los de Neoskin o PubliXIII.
Existe la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), pero sus facultades de árbitro y demandante han demostrado ser insuficientes. Se dijo que la solución por lo tanto era darle ""dientes"" al instituto, pero las organizaciones de la sociedad -encabezadas por la asociación civil Al Consumidor, que dirige Daniel Gershenson- hallaron algo mejor: el empoderamiento ciudadano. Convencieron a los legisladores de trascender incluso la relación entre consumidores y empresas, para que ahora de forma explícita la Carta Magna reconozca a una sociedad civil con plenos derechos y capacidades de exigencia. Los ciudadanos ya no serán más sujetos pasivos en espera de la ayuda de papá gobierno, sino actores de la vida pública.
Todavía no se pueden lanzar campanas al vuelo. Suponiendo que al menos 16 congresos estatales avalen la reforma constitucional, faltará una ley reglamentaria que permita aplicar en los hechos el cambio. Hace apenas un par de años, el Congreso también elevó a rango constitucional la obligación de transparencia, pero los legisladores dejaron pasar el plazo para elaborar una ley que instrumentara la reforma. Las consecuencias en opacidad están a la vista en el propio Poder Legislativo.
El estado de los consumidores en México ha sido reflejo de la ciudadanía misma. Cancelar su añeja indefensión significará impulsar a toda la sociedad civil. (El Universal)
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