Por órdenes del Tribunal Electoral Federal, todos los consejeros del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas están sujetos a la investigación que lleva a cabo el INE, para determinar si violaron la norma electoral que rige en todo el país.
Lo anterior, al no dar cumplimiento a la cuota de género que por ley estaban obligados a respetar los partidos políticos que contendieron en los comicios del pasado 19 de julio en la entidad y que derivó en la suspensión de las campañas políticas y en el reacomodo de las candidaturas.
Pamela San Martín Ríos y Valles, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), confirmó que el procedimiento que se tiene en contra de los consejeros electorales locales de Chiapas sigue abierto.
La máxima autoridad de justicia electoral del país ordenó se investigara si los funcionarios del IEPC incumplieron con el mandato constitucional de paridad de género, es decir una postulación del 50 por ciento candidatos y 50 por ciento candidatas.
“Hay un procedimiento abierto en el INE en donde se solicita la remoción de los consejeros del IEPC de Chiapas. La propia Sala Superior del Tribunal Electoral ordenó que se investigara este caso y la posible revocación de los funcionarios al no cumplir con el mandato constitucional de la paridad de género, el cual está previsto en la ley”, indicó.
Durante una visita a la entidad, la funcionaria del INE expuso que al contar el Instituto Nacional Electoral la atribución para designar a los consejeros electorales de los estados, tiene también la facultad que le confiere la ley de removerlos de sus cargos por actuar fuera del mandato constitucional para el cual fueron elegidos.
En su opinión, la decisión tomada por los consejeros de empatar los comicios locales con las federales fue desafortunada, toda vez que ello implicó no solo problemas en cuanto a organizar dos elecciones en tan corto tiempo, sino que provocó además que la ciudadanía acudiera en dos ocasiones a las urnas.
Indicó que actualmente el procedimiento está en una etapa de instrucción, en el que las partes señaladas habrán de presentar las pruebas que consideren necesarias para su defensa y una vez agotada toda la investigación, se elaborará un proyecto de resolución y pasará al Pleno del Consejo General del INE.
