La Contraloría General del Estado recordó que fue el pasado 19 de julio cuando entró en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), en la que se estipulan sanciones para aquellas entidades públicas que nieguen información a la Auditoría Superior de la Federación.
Indicó que una de las estipulaciones que se modificaron con la entrada en vigor de la Ley General es la facultad de los Órganos Internos de Control para sancionar las faltas administrativas graves.
Con la antigua ley, las instancias de control al interior de cada dependencia eran las encargadas de sancionar a los servidores públicos; con la nueva ley, esta atribución fue delegada al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Ante este panorama, la Contraloría General de Chiapas capacitó a 102 servidores públicos de la Subsecretarías de Auditorías, y Jurídica y de Prevención.
Recordó que la Ley General de Responsabilidades Administrativas se trata de la columna sobre la cual se sustenta el combate a la corrupción a nivel nacional y en el marco de la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción.
Agregó que el objetivo del curso fue dar a conocer las directrices de esta ley, tales como la distribución de competencias entre los órdenes de gobierno, el establecimiento de responsabilidades administrativas graves y no graves a los servidores públicos, sus obligaciones.
Asimismo, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, el establecimiento de sanciones a los particulares que incurran en la comisión de faltas administrativas graves y la determinación de los mecanismos para la prevención, corrección e investigación de responsabilidades administrativas, creando las bases para que todos los entes públicos establezcan políticas eficaces en materia de ética e integridad, así como de responsabilidad en sus servidores públicos.
En el marco de este curso de capacitación, Humberto Blanco Pedrero, secretario de la Contraloría General, enfatizó la importancia de la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Chiapas, ya que la Contraloría General es la responsable de su aplicación y vigilancia.
