Después de que habitantes de la comunidad Campo Grande 2, de San Cristóbal, solicitaran de manera formal el apoyo del ayuntamiento para solucionar un conflicto respecto al abastecimiento de agua, las autoridades, argumentando haber agotado todas las acciones dentro de su competencia, recomendaron a los afectados acudir a otra dependencia.
Hechos
A través de un oficio, recibido por el ayuntamiento el 29 de julio, dos habitantes de Campo Grande 2 le solicitaron a la presidenta Fabiola Ricci el apoyo para que se les reconectara el servicio de agua, argumentando que este es un derecho humano, el cual se les quitó de manera arbitraria.
En el documento narran una serie de conflictos comunitarios respecto a dos ollas de agua que abastecían a cerca de 40 familias. Señalaron que fue a partir de 2024 que comenzaron los problemas de abastecimiento de agua, por lo que a finales de ese año se suscribió un acuerdo de buena voluntad.
En el acuerdo se comprometían a dotar de agua a 29 familias. Asimismo, los grupos confrontados compartirían los gastos y el mantenimiento de la olla de agua. Sin embargo, a inicios de marzo de 2026, los conflictos regresaron, dejando sin el vital líquido a las familias.
Respuesta
El oficio fue turnado a la dirección de Participación Ciudadana, a cargo de Daniel Chacón Martínez, quien el 18 de agosto le informó a los afectados que, tras intentar convocar a una mesa de diálogo el 3 de agosto sin éxito, recomendaba acudir a otras instancias, como la Fiscalía de Justicia Indígena o la subdelegación de gobierno región Altos.
La dirección argumentó no contar con facultades de carácter coercitivo ni actuario, por lo que, señalan, no pueden obligar, conducir o hacer comparecer de manera forzosa a los representantes comunitarios.
