Durante la contingencia sanitaria la minería en México logró crecer al ser incluida dentro de las actividades “esenciales”; se benefició de las restricciones en materia de salud para posicionarse en los territorios, señala el informe La Lucha por lo Esencial: la Pandemia Minera en México en Tiempos de covid-19.
Presentado por la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), documenta diversas experiencias de las comunidades donde hay actividad minera y donde buscan instalarse en los últimos dos años de pandemia.
Registra experiencias de comunidades donde ya hay minas en operación, como Zimapán, Hidalgo, y el Valle de Ocotlán, Oaxaca, que aseguran cómo estas empresas siguieron operando con presunta impunidad y generando daños a la salud y a los territorios.
Además, donde aún no han logrado establecerse, como Epazoyucan, Hidalgo, la Cuenca de la Independencia en Guanajuato y Acacoyagua, Chiapas, se documenta cómo las empresas buscaron permisos u otras oportunidades para ganar más apoyo y avanzar sus proyectos.
Según esta organización, durante el poco tiempo que la industria minera quedó fuera de la lista de las actividades esenciales, las empresas mineras no pudieron tramitar nuevos permisos, sin embargo, una vez que lograron esta categorización las ventanillas institucionales les fueron abiertas nuevamente.
Dice el informe que a pesar de la insistencia de la administración actual de no seguir otorgando concesiones mineras en los trámites para permisos ambientales para la exploración y explotación minera, hubo solamente una breve pausa de dos meses en 2020.
De junio 2020 a diciembre 2021, aseguran que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó varios permisos en al menos 14 entidades de la República, lo que se documenta en el informe de la Rema, que parte de una investigación colaborativa por la Coalición contra la Pandemia Minera.
De acuerdo a la Red, las medidas adoptadas por los gobiernos, debido a la pandemia, ayudaron a las grandes empresas, logrando al mismo tiempo obstaculizar los esfuerzos comunitarios tan necesarios para la salud, la alimentación y el medio ambiente.
En el primer año de la pandemia, mientras las familias atendían las urgencias económicas y de cuidados de la salud, las comunidades y organizaciones no pudieron acceder a información sobre proyectos mineros, realizar reuniones de discusión o hacer gestiones con las autoridades para detener los proyectos y atender sus afectaciones.
