Activistas continúan mostrando su rechazo hacia la iniciativa del “Pin Parental”, la cual se pretende aprobar en Chiapas a pesar de que el Congreso del Estado, en la presente legislatura, tiene una representación mayoritaria de mujeres.
De acuerdo con Patricia Sánchez, fundadora de “Mi Útero Feliz”, lamentó que en Chiapas se esté buscando aprobar la iniciativa del pin parental (control parental), cuando no se han documentado avances en beneficio del derecho de decidir.
“Esta legislatura donde la mayoría son mujeres, que podríamos pensar que por eso habría más avances en torno a estos temas no lo hay, los derechos no sólo éste, sino el de las mujeres van a quedar en un tercer plano ante el tema del Covid, la salud y la pandemia”, indicó.
Destacó que, en este momento en el que el Congreso ya está por terminar, es posible que no haya tiempo de aprobar muchas de las iniciativas que están pendientes. Además, no es una garantía que las legisladoras se interesen en temas como la salud sexual y reproductiva en jóvenes, más bien, el pin parental busca controlar los contenidos en las instituciones educativas.
“Por la contingencia que atraviesa el estado por Covid-19, y la estrategia Quédate en Casa, es complicado salir a las calles a marchar, para mostrar el rechazo al pin parental, es por ello que estos temas pasan de manera fast track por el Pleno del Congreso del Estado”, señaló.
Desde enero de este año, el Partido Encuentro Social (PES) ha impulsado esta iniciativa en la que prácticamente los padres tendrán que dar el consentimiento para que sus hijos puedan recibir, o no, contenidos “que sean ética y moralmente controvertidos”.
Esto permitiría a los padres de familia decidir si sus hijos e hijas pueden recibir, o no, información sobre temas de sexualidad y género en escuelas, a nivel primaria, secundaria y preparatoria.
Desde hace meses activistas han advertido que negar a los niños y niñas de la entidad el derecho a informarse y dialogar en un espacio seguro sobre estos temas, tiene repercusiones como: aumento en el número de embarazos adolescentes e infantiles, incremento en el número de violaciones y abuso sexual a menores, así como un posible aumento en enfermedades de transmisión sexual.
