Los constantes apagones, junto a las altas y bajas de tensión en la energía eléctrica en la zona urbana y rural de Tapachula, así como municipios cercanos, son una marcada preocupación de usuarios, empresarios y comerciantes ante el riesgo de daños a equipos eléctricos; lo anterior, sin que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) asuma su responsabilidad y atienda las quejas y señalamientos de los usuarios, sobre todo por tener de cómplice a la Profeco que para recibir una queja mantiene un papeleo interminable.
Estas irregularidades provocadas por la incapacidad de la CFE no solo afectan a los usuarios de casas habitación, sino también a empresarios y comerciantes que han expresado reiterativamente su inconformidad y molestia ante los constantes apagones en el suministro de energía eléctrica.
Aníbal Enrique Núñez, comerciante y secretario de la organización de Procentro, dijo que la situación es alarmante debido a que los apagones afectan la actividad comercial y provoca daños en equipos eléctricos y electrodomésticos, sin que el afectado cuente con apoyo de Profeco para realizar los reclamos, porque existe un largo proceso para que reciban una queja.
Este lunes en Tapachula, tanto en el centro como en la zona suburbana, ocurrieron hasta antes del mediodía cinco apagones y muchas variaciones de voltaje. Los reportes vía telefónica a la Comisión Federal de Electricidad no se hicieron esperar, pero de parte de esta no hubo explicaciones ni soluciones.
En las zonas rurales, las quejas y denuncias públicas son mayores. Comunidades que en ocasiones se quedan hasta cinco días o más sin energía eléctrica porque la CFE no tiene trabajadores o no atiende los llamados, lo que afecta tanto la educación, la productividad del campo como la economía de las familias, que al no tener cómo mantener refrigerados sus alimentos se echan a perder.
Además, hay algunos equipos que sufren desperfectos; los aparatos de aire acondicionado y refrigeración son de los más sensibles a los apagones y a las altas y bajas de tensión eléctrica, los que sufren más daños y que ante la irresponsabilidad de la suministradora de energía eléctrica, las familias o empresas tienen que sufragar los gastos de compostura o reposición.