Continúan rehenes tres personas en Chamula

Continúan rehenes tres personas en Chamula

Hasta este domingo continuaban retenidos el juez de Paz y Conciliación Indígena, Víctor López Guzmán; el segundo regidor, Mariano Sántiz Méndez; y José Gómez Gómez, el padre del alcalde Ponciano Gómez Gómez.

Estas personas fueron llevadas por un grupo de civiles armados para exigir la liberación de Juan Shilón de la Cruz, autoproclamado presidente del concejo municipal, quien se encuentra preso en el penal de “El Amate”.

Lo anterior luego de los hechos ocurridos la tarde del jueves en la cabecera municipal de Chamula, cuando el alcalde municipal acudió junto con otros integrantes del cabildo a la casa en la que las autoridades tradicionales de los tres barrios (San Pedro, San Juan y San Sebastián) guardan el bastón de mando.

Lugar donde realizaron una ceremonia después del mediodía, esto luego de que durante la madrugada se llevara a cabo el cambio de las autoridades tradicionales, como ocurre cada 31 de diciembre.

Se informó que mientras el alcalde y su comitiva estaban en la casa en la que se guarda el bastón, presuntamente simpatizantes de Juan Shilón de la Cruz llegaron disparando con armas de fuego de grueso calibre, por lo que los presentes se dispersaron.

Pobladores precisaron que los agresores incendiaron un local en el que se guardaba pólvora, ubicado en el helipuerto de la cabecera municipal de San Juan Chamula.

El 1 de enero de este año, los captores obligaron al juez López Guzmán a grabar un video en el que solicitó la intervención de las autoridades estatales para que liberaran a Shilón de la Cruz y también ellos quedaran libres.

Pobladores narraron que los tres retenidos se encuentran en una casa en la cabecera municipal, y hasta la tarde de este domingo aún se desconoce el paradero de los retenidos. Cabe señalar que durante el incendio cinco unidades fueron quemadas.

Por su parte, la Fiscalía de Justicia Indígena inició una carpeta de investigación por los delitos de atentados contra la paz, la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del estado, contra quien o quienes resulten responsables de los hechos registrados.