La contraloría social como instrumento de la democracia para vigilar la aplicación de recursos, es algo que nunca ha convencido. Estas figuras más parecen un recurso propagandístico que instrumentos de control efectivo.
No es una idea novedosa. Es un protocolo que ha probado su ineficacia en todas las modalidades en que se ha aplicado en el pasado. Es decir, aún con el concurso de gente con mayor información e instrucción, es prácticamente imposible asumir las funciones de una contraloría de ese tipo. Ni un profesionista ni un campesino pueden suplir el desempeño formal de vigilar la buena aplicación de los recursos económicos públicos.
La sociedad lo sabe: si no hay voluntad de aplicar un criterio de rectitud en esa materia, de nada sirve una o más contralorías sociales.
Se han visto ejemplos en el sexenio pasado de estas contralorías sociales, una que dependía de un funcionario que se dio en llamar contralor interno de Prevención y Evaluación, el cual estaba adscrito a la Contraloría General oficial a la que nunca tuvo acceso.
Con honestidad, orden y voluntad de transparencia en el manejo de los recursos no habrá denuncia alguna ni duda sobre el uso de los recursos públicos.
Por lo demás, las instancias existentes son suficientes para la recepción de las inconformidades y denuncias que pudieran haber. Además, éstas podrían ser captadas en buzones, a través del servicio telefónico o en módulos de atención personalizada, para en su caso llegar hasta su destino final en la Contraloría General del Estado o al Órgano Superior de Fiscalización, a la Auditoría de la Federación, o a la instancia indicada según sea el caso por competencia.
Al haber sido utilizado este esquema en el pasado y habiendo demostrado su ineficacia y su perfil de mero evento protocolario, debe ser evitado, y por el contrario, sería recomendable impulsar un mayor acceso a la información pública ya sea a través de los institutos creados para ese fin o en su caso, mediante una página web permanentemente actualizada, como ya la tienen un sinfín de entidades públicas de los tres niveles de gobierno, las que sin embargo frecuentemente no son actualizadas y en ocasiones se mantienen sin modificación por semanas.
Es mejor mayor acceso efectivo a la información y menos ficticia fiscalización social.
