La Asociación Civil Melel Xojobal, celebrará el XXVI aniversario de la Convención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, tratado que protege los derechos de las niñas, niños y adolescentes, firmado y ratificado por México en 1990, es el primer instrumento jurídico vinculante que les reconoce como agentes sociales y titulares activos de sus propios derechos.
Celebramos la adopción de la Ley General por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Lgdnna), y su implementación local a través de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Chiapas (Ldnnach), promulgada el 03 de junio de este año, informó la organización.
Esto dice representa una oportunidad invaluable para cambiar la visión asistencialista, incidir en las prácticas que aún consideran a niñas, niños y adolescentes como propiedad privada de las familias, y construir una sociedad que toma en cuenta su opinión en todos los asuntos que les afectan y en la que no se les discrimine por su condición de edad.
“Es un hecho de enorme trascendencia considerando que las condiciones estructurales de exclusión y marginación en el estado de Chiapas obstaculizan el cumplimiento de derechos afectando gravemente la supervivencia y desarrollo de la mayoría de las niñas, niños y adolescentes”
No obstante, expresamos nuestra preocupación debido a que los plazos para su implementación efectiva y a tiempo en los niveles federal, estatal y municipal, así como para establecer los principios y criterios para la construcción de un sistema coherente y articulado de normas, procedimientos y organismos orientados a garantizar sus Derechos de manera integral y progresiva, se están agotando.
Nos preocupa la ausencia de voluntad política para incorporar el presupuesto para instalar los Sistemas de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en los tres órdenes de Gobierno.
En ese sentido, exhortamos al gobierno estatal y a los Ayuntamientos a que instalen a la brevedad el Sistema Estatal y los Sistemas Municipales de Protección Integral, con la participación de organizaciones de la sociedad civil, así como niñas, niños y adolescentes e incorporen en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos suficientes que permitan dar cumplimiento a los derechos de cerca dos millones de personas menores de 18 años en el Estado.
Hicieron un llamado, a realizar la armonización legislativa necesaria, iniciando por los códigos de justicia para adolescentes.
